Nueve movilizaciones vecinales y la instalación de decenas de mesas informativas en varios distritos de la capital anunciaban, el pasado 13 de mayo, la convocatoria de una nueva movilización promovida por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en defensa de la calidad de la sanidad pública madrileña que se llevará a cabo el 1 de junio a las 19h. desde Atocha hasta la Puerta del Sol.
Como en la canción, a juicio de Pepe Cabanillas, responsable de Sanidad de la Federación Vecinal, sobran los motivos. “A un año del final de la legislatura y a pesar de las promesas de Esperanza Aguirre, lejos de mejorar, la calidad de la asistencia sanitaria madrileña ha empeorado notablemente -denuncia Cabanillas-. Las listas de espera -apunta- no dejan de crecer llegando a afectar a los médicos de cabecera. De los 55 centros de salud comprometidos, 28 aún están en el aire a pesar de que algunos de ellos tienen redactados los proyectos y cuentan con suelo disponible, cedidos por los respectivos ayuntamientos a tal efecto. Además, la congelación de la contratación de personal sanitario se traduce en la práctica en reducción de la plantilla disponible, porque las plazas de los médicos jubilados no se llegan a cubrir, un problema que -remata- ya ha sido denunciado por el propio Defensor del Paciente”.
Todo esto tiene, en palabras de Cabanillas, una clara explicación: “Madrid es la segunda comunidad autónoma que menos invierte en sanidad por habitante. La región destina 1.108 euros por persona al año, 236 menos que la media estatal. Un 18% menos. Y eso -concluye-, sumado a las crecientes partidas presupuestarias destinadas a financiar la sanidad privada se está dejando notar en la calidad de la asistencia que reciben las vecinas y vecinos de nuestra región”.
Estas y otras causas justifican la movilización que la FRAVM ha convocado para el 1 de junio. “Vivimos momentos convulsos que nos obligan a salir a la calle para evitar que seamos los de siempre quienes paguemos las consecuencias de la crisis económica -apunta Cabanillas- pero, entre tanto, la privatización de la sanidad pública no se detiene. Y las organizaciones sociales también estamos obligadas a dar respuesta a este embate. Estamos obligadas a traducir la queja individual, la que escuchamos todos los días en los centros de salud, en los lugares de trabajo, en el barrio… en protesta organizada. De lo contrario, corremos el riesgo de responder tarde. De llegar sólo para certificar la defunción de una sanidad pública que conquistamos con nuestra lucha y que, aún, sigue siendo un servicio público ejemplar que sirve de ejemplo a muchos países”.
