La Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública del Área 4, integrada por trabajadoras y trabajadores del hospital Ramón y Cajal y los centros de especialidades de San Blas y Emigrantes, por profesionales de Atención Primaria y de salud mental, por asociaciones vecinals y colectivos de los distritos de Hortaleza, Ciudad Lineal, La Elipa, San Blas, Canillejas y Barajas.

“La Consejería de Sanidad está desmantelando el hospital Ramón y Cajal”, afirma la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública del Área 4, integrada por trabajadoras y trabajadores de los centros sanitarios (de Atención Primaria, Especializada, de Salud Mental y del propio hospital) y asociaciones vecinales y colectivos de los distritos de Hortaleza, Ciudad Lineal, La Elipa, San Blas, Canillejas y Barajas, sostienen esta afirmación en los contundentes datos que siguen:

– En apenas cuatro años, desde 2010, han reducido 250 camas en cuatro años, de las 1.146 que había en 2010 a las 900 disponibles en la actualidad. Es más, sospechan que serán más con las obras, las fusiones y las reestructuraciones actuales.

– La Consejería de Sanidad ha concentrado tres UVI posquirúrgicas (cardiología, neurología y cirugía general) en una, disminuyendo 6 camas y separándolas de los quirófanos. Además, ha clausurado la planta de hospitalización de endocrinología, ha reducido la plantilla en 600 trabajadores y se proyecta eliminar 14 quirófanos (de 46 a 32 ) en los próximos meses:.

– La limpieza del hospital ha sufrido un grave deterioro desde que entró CLECE, la empresa multiservicios del grupo ACS, al igual que la lencería (la ropa de cama, los uniformes, etc.) desde que Flisa-Once se hizo cargo de la lavandería central de Mejorada.

– Han convertido el hospital en una obra: la atención sanitaria está afectada por los múltiples espacios y vías inutilizadas.

– Varios servicios del hospital (almacenes, personal, contabilidad…) se van a trasladar a una nave industrial cuyo alquiler puede superar los 140.000 euros anuales. Esta maniobra no solo empeorará el servicio prestado, sino que allana el camino para su más que probable privatización.

Recortes en el noroeste de la región

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de la Zona Noroeste de Madrid (PDSP), por su parte, denuncia el cierre del centro de salud mental de Collado Villalba y la derivación de la atención de salud mental de esta zona al hospital privado gestionado por la empresa IDC/CAPIO.

El centro atiende en la actualidad a 220.000 habitantes, de los cuales 110.000 serán atendidos en el hospital privado de Villalba y el resto en los centros públicos del Escorial, en el centro de salud mental de Majadahonda y en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Se trata del quinto centro de salud mental privatizado, después de los de Arganzuela, Moncloa, Navalcarnero y Torrejón.

La plataforma exige la dimisión del consejero de sanidad que “se comprometió a no privatizar ningún centro público” y pide a la ciudadanía que “ejerza su derecho de libre elección de médico, hospital y centro de salud mental públicos y no consientan ser derivados a centros privados”.

La polémica apertura del hospital de Villalba, que abrirá sus puertas el 13 de octubre y por el que la Consejería de Sanidad ha pagado un alquiler mensual de 900.000 euros a la empresa concesionaria Capio Villalba SA durante más de un año estando clausurado, también intranquiliza a la Plataforma toda vez que atenderá a parte de la población que en la actualidad acude al hospital Puerta de Hierro. “¿Supondrá nuevos recortes de personal, y por tanto una ampliación de las listas de espera y una mayor degradación del servicio sanitario prestado en el Puerta de Hierro? ”, se pregunta.

Ambulatorio Puerta del Ángel

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Latina, por su parte, está en plena lucha para evitar el cierre del ambulatorio Puerta del Ángel, un centro que atiende a 20.000 habitantes y que, desde hace siete años, lo hace sin la necesaria licencia de actividad. Una pelea burocrática entre el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno regional puede costar la clausura del centro. La Plataforma registró 8.000 firmas y celebró una manifestación que recorrió las calles del barrio el pasado 9 de octubre.