El pasado viernes 13 de mayo, representantes vecinales de Alcalá de Henares, junto con representantes de la ciencia y la política, mantuvieron un encuentro de trabajo con el director general de Salud Pública del ministerio de Sanidad y Consumo, Manuel Oñorbe. Sobre la mesa, un tema que continúa sembrando inquietud en barrios y pueblos de nuestra región: la incidencia en la salud humana de la contaminación electromagnética generada por las antenas de telefonía móvil.

Los representantes de la Federación Comarcal de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de Henares (FCAVAH) valoran como positivo el encuentro. “Por una vez, la administración ha hablado de sensibilidad, transparencia y vigilancia y ha puesto de manifiesto que, en la reunión que la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud mantendrá la semana próxima, el ministerio preguntará por las conclusiones de los estudios científicos acerca de la incidencia de la contaminación electromagnética sobre la salud de las personas, ya que son numerosas las solicitudes de información, queja y demanda de miles de ciudadanos y administraciones locales en España”. En todo caso, según Juan Manuel Román, portavoz de la FCAVAH, Oñorbe recordó que la responsabilidad de elaborar estudios epidemiológicos corresponde a las comunidades autónomas y que, hasta el momento, ninguna de ellas ha realizado la pertinente solicitud a la Comisión Nacional de Salud Pública.

No obstante, los representantes del ministerio no descartaron que los estudios epidemiológicos sean elaborados por sociedades independientes de salud, epidemiología y oncología con fondos de investigación sanitaria.

Por otro lado, el ministerio de Sanidad y Consumo puso en conocimiento de los representantes vecinales que desautoriza a los miembros del comité de expertos que realizó las recomendaciones para el Real Decreto que regula las normas de instalación de las antenas de telefonía y su protección sanitaria a hablar como expertos del ministerio en tanto en cuanto muchos de ellos actúan como peritos contratados por la industria de las telecomunicaciones en multitud de juicios abiertos en todo el territorio nacional. En este sentido, Oñarbe subrayó que la responsabilidad política de cualquier declaración pública efectuada por fuentes del ministerio de Sanidad y Consumo relacionada con las antenas de telefonía corresponde directamente a la ministra de Sanidad, Elena Salgado y a la dirección general de Salud Pública, Manuel Oñorbe. En opinión de Román, “esto supone una decisión política sin precedentes en materia sanitaria al quedar excluidos funcionarios, técnicos y científicos que han formado parte del comité de expertos o de cualquier otro que creara el gabinete del Gobierno del Partido Popular”.

El encuentro quedó abierto a plantear, en un futuro, campañas informativas, macroestudios y congresos dirigidos a concienciar a la población de los peligros potenciales de la contaminación electromagnética generada por las antenas de telefonía y de las medidas preventivas a adoptar ante la proliferación de estaciones.