Tal y como venía denunciando la Asociación Vecinal La Unión de Fuencarral, el Instituto de la Vivienda de Madrid ha adjudicado, en los sorteos celebrados los pasados 15, 18 y 19 de octubre, viviendas de protección pública de tres dormitorios a personas que viven solas, al tiempo que hacina a familias compuestas por cinco adultos en casas de sólo dos habitaciones.

Recordemos que las viviendas de la extinta Obra Sindical del Hogar, construidas a partir de los años cincuenta y que con la democracia pasarían primero al Instituto Nacional de la Vivienda y después al IVIMA, experimentaron un proceso de remodelación (sustitución por otras nuevas) en base al Decreto 100/86 de 22 de octubre sobre cesión en arrendamiento de las viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Este proceso, que ha afectado a más de 6.000 viviendas de Madrid, casi ha concluido, salvo notorias excepciones entre las que destacan los Poblados A y B de Fuencarral donde, después de casi dos décadas de la publicación del referido decreto, casi la mitad de sus vecinos vive todavía en casas de menos de 40 metros cuadrados, consideradas infraviviendas bajo los estándares actuales.

Algunas de las casi 400 familias que todavía esperan su nueva vivienda, muchas de las cuales llegaron a estos dos poblados hace más de 40 años, o fueron expropiados de las casas que ocupan en esta zona de Madrid o se encuentran ahora con la desagradable sorpresa de que el IVIMA ha aplicado el Decreto 195/2000, que regula los criterios para solicitar una vivienda de protección oficial, pero que deja meridianamente claro en su disposición adicional que excluye a los barrios en remodelación y de forma explícita a los poblados A y B de Fuencarral.

El Instituto de la Vivienda de Madrid se olvida de que estas familias no están solicitando una vivienda pública, pues ocupan una de ellas desde hace casi medio siglo y de que nunca en el resto de entregas realizadas en el proceso de remodelación de estos dos barrios se aplicó el mencionado decreto que ahora el IVIMA ha impuesto ilegalmente con mano férrea.

Hace ya seis meses, la Asociación de Vecinos entregó al viceconsejero de vivienda, Jesús Valverde, una propuesta de regulación de la composición familiar en los procesos de remodelación como respuesta al argumento del IVIMA de que no existe ningún criterio y por eso recurrían al Decreto 195/2000. Desde entonces, ni la Consejería ni el Instituto de la Vivienda han querido negociar nada ni con la Asociación de Vecinos, ni con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que también ha intervenido de forma activa en este conflicto.