Por segunda vez en lo que vamos de año, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha incrementado el precio de la venta de la vivienda de protección pública de la Comunidad. Para entender lo que ha sucedido, necesitamos saber cómo se calcula el precio máximo de venta del metro cuadrado de una vivienda de estas características: multiplicando el precio básico, establecido por el Gobierno estatal, por el coeficiente autonómico, determinado por los gobiernos autonómicos hasta un máximo fijado por aquél, que según el artículo 8 del Real Decreto 1/2002 de 11 de enero, “tendrá un límite de 1,56 veces el precio básico” a escala nacional. Ahora, a partir de la subida decretada por Aguirre, publicada en el B.O.C.M. el pasado lunes 15 de noviembre, todos los pisos protegidos tendrán un coeficiente del 1,56, el máximo permitido. Ambas administraciones, tanto la regional como la estatal, justifican esta subida como una medida para afrontar las quejas de los constructores con respecto al escaso beneficio que les reporta edificar VPOs.La respuesta de los vecinos de Madrid, sin embargo, ha sido muy otra. Los del PAU de Vallecas, algunos de los miles de afectados por el incremento, han sido los primeros en reaccionar. En una carta que el secretario de la Asociación del PAU de Vallecas ha remitido tanto al Ministerio de la Vivienda como al Gobierno regional denuncian que “la reciente y sorprendente eliminación del concepto de Vivienda de Protección Oficial es una declaración de guerra para los compradores de vivienda social en Madrid”. Y saben de lo que hablan. Con la mencionada medida, muchos de ellos tendrán que hacer frente a una subida de casi un 30% del precio de sus casas en un sólo año, mientras no hay ni una vivienda entregada (pasarán de pagar 1.135,07 € por metro cuadrado a 1.474,07). Y no es moco de pavo: según el proyecto base, aprobado el 11 de octubre de 2000, el PAU está integrado por 7.226 viviendas de protección oficial.
Protección al Ministerio de Vivienda
En la citada carta, los vecinos piden “a la administración central que, en vez de subir continuamente el marco legal para los precios máximos, impida estas prácticas en la Comunidad de Madrid (…). No tenemos la culpa de que se nos prometieran entregas para el 2002 y el 2004. No tenemos la culpa de que las obras de urbanización vayan lentas. Y tampoco tenemos la culpa de los retrasos administrativos (…). No puede ser que el caos que están produciendo las empresas y la administración en el sector lo tengamos que pagar nosotros, mientras los beneficios de las gestoras de cooperativas y los promotores siguen aumentando (…). Estas subidas son un incentivo para más retrasos (…). Entendemos el razonamiento de que con los precios actuales resulta difícil construir vivienda pública, pero este problema no es originado por los precios, sino por la incidencia de la especulación con el suelo. Subir los precios máximos es primar la especulación, mientras que las medidas que intervienen en esta especulación, como la penalización fiscal de las continuas compraventas del suelo no se terminan de tomar”. Pero, ante todo, lo que reivindican es que el concepto de Vivienda de Protección Oficial siga vigente, al menos para promociones en curso como la de su PAU. Probablemente, esta no será la única reacción a la polémica medida. Mientras tanto, tanto la FRAVM como los nuevos vecinos de los PAUs de Vallecas, Carabanchel, los nuevos barrios de la denominada estrategia del sureste y las cooperativas de vivienda joven siguen trabajando para elaborar propuestas y pelear para defenderlas.
