Nunca antes en la historia de la humanidad los ciudadanos han tenido acceso a tanta información como la que nos proporciona el desarrollo de las nuevas tecnologías, que han sido capaces de crear un entorno cultural y educativo capaz de diversificar las fuentes del conocimiento y del saber hasta límites insospechados. Sin embargo, hay cosas que –casi- no han cambiado. Y para muestra un botón: hace un par de meses, un grupo de vecinos de la localidad de Torrelodones logró paralizar la firma de la licencia municipal de apertura de un Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) que la Consejería de Servicios Sociales tenía previsto abrir a partir de un centro ya existente de la Cruz Roja. A pesar de que la necesidad de ese centro es reivindicada desde hace tiempo por asociaciones de profesionales y familiares de enfermos, los vecinos no dan su brazo a torcer. Argumentan, por una parte, que la apertura del centro haría disminuir el precio de venta de sus viviendas y, por otra, que la presencia de enfermos mentales constituye un peligro potencial para su comunidad. Un tópico.Desafortunadamente, no se trata de un episodio aislado, sino un reflejo del imaginario que alimenta las representaciones colectivas sobre los enfermos mentales que, como tantas otras, responde a divisiones dicotómicas. En este caso la que separa la locura de la cordura, la enfermedad de la salud, o lo “normal” de lo “anormal”. En nuestra sociedad, los enfermos mentales, en tanto nos ponen frente a la diferencia y a lo desconocido, se sitúan en el lado del “otro”. Porque crean recelo. Por eso persiste el temor y la ignorancia generalizada a la enfermedad mental. Porque, en la medida en que no se rigen por nuestra lógica, ponen de manifiesto muchas de las contradicciones y limitaciones de nuestra sociedad. Desde tiempos inmemoriales, su anomalía es percibida como disruptora de las relaciones sociales y generadora de conflictos. Por eso, del que no sigue las normas decimos que está ‘loco’. En este sentido, resultan clarificadoras las palabras que M. Foucault reproduce en su estudio sobre la locura: “El enfermo mental se erige en sujeto de escándalo; es la demostración de que el hombre no está enteramente definido por el sistema de derechos abstractos que le son reconocidos teóricamente, puesto que ese sistema no da cabida a esta eventualidad humana que es la enfermedad y para los enfermos mentales la libertad es vana y la igualdad no tiene significado”. Es más, en una sociedad como la nuestra en la que la centralidad que ha adquirido el valor del trabajo parece más que evidente, la persona enferma es la antítesis de la trabajadora: conlleva cuidados y exención de realizar una actividad laboral. No es productiva. No “sirve”. La realidad al otro lado del espejoLos datos objetivos, sin embargo, describen una realidad que poco tiene que ver con estas percepciones. En este contexto y, alarmado por los argumentos de los vecinos de Torrelodones que se oponen a la apertura del centro, el presidente de la Junta de la Asociación Madrileña de Salud Mental, el psiquiatra Antonio Escudero, hizo llegar a la FRAVM un informe esclarecedor cuya lectura recomendamos vivamente. El documento expone una serie de datos científicos que refutan muchas de estas creencias, particularmente las asociadas a la esquizofrenia como paradigma de la enfermedad mental. En realidad, el límite entre la salud y la enfermedad mental es una línea que se revela cada vez más permeable: aproximadamente un 75% de las personas que padecen esta enfermedad y reciben tratamiento pueden recuperarse total o parcialmente y pueden llevar una vida normal. Además, como ya alertaran los psiquiatras de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Mundial de Psiquiatría (AMP) el incremento de las dolencias mentales resulta ‘elevado y alarmante’, alcanzando ya el 12,5 % de las enfermedades del planeta. De continuar esta deriva, de aquí a diez años el número de trastornos mentales doblará al de problemas cardiológicos. Driss Moussaui, profesor de la Facultad de Psiquiatría de Casablanca, lo explica así: “Los cambios culturales, económicos y políticos afectan a la salud mental de la población. En adelante, veremos cada vez más personas afectadas por esta rápida transformación y los desórdenes mentales que provoque serán cada vez más frecuentes’. Como era de esperar, esta tendencia ha generado una alerta generalizada en el seno de la comunidad médica. Como señala el encargado del Departamento del Abuso de Sustancias Tóxicas de la OMS, Benedetto Sarraceno, el problema de salud mental se está revelando ‘como una alarma para la salud pública’, de manera que son cada vez más las voces, algunas tan competentes como la de José Luis López-Ibor, presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, que reivindican la necesidad de plantear un plan de salud mental mundial para prevenir la proliferación de trastornos como la depresión o la esquizofrenia. A la luz de estos datos, resulta razonable la necesidad de concienciar a todos de que éste es un problema que no nos es ajeno, sino propio del mundo que estamos construyendo. En España la situación es aún más preocupante ya que ‘estamos por debajo de toda Europa en número de profesionales que trabajan para tratar estas patologías – comenta Antonio Escudero-. Cada vez hay más personas que llegan a las consultas de los centros de salud con patologías menores (estrés, depresiones leves…). Esto satura el sistema e impide que se pueda dar la atención adecuada para otros trastornos mayores (esquizofrenia, psicosis bipolar, etc.). Es decir, que cada vez hay menos tiempo para dedicar a quienes más lo necesitan”. “El problema –continúa- viene de atrás, ya que desde la reforma psiquiátrica de 1986 carecemos de recursos intermedios’, algo con lo que coincide José Manuel Cañamares, representante de la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial. La atención psiquiátrica en España se basa en tres pilares fundamentales: las unidades de agudos en los hospitales generales y en los psiquiátricos; las consultas de salud mental de los centros ambulatorios y las unidades de rehabilitación. Los dos últimos son los que más necesitan los enfermos mentales, ya que en la consulta se da el tratamiento farmacológico y en los centros de rehabilitación las técnicas para aprender las habilidades psicosociales necesarias para integrarse en la comunidad y relacionarse con los demás. En este sentido, la discriminación que sufren los enfermos mentales es doble: por una parte, la discriminación social, de la que es prueba evidente el caso de Torrelodones y, por otra, la que sufren por parte de la administración dificultando así el proceso de recuperación de su capacidad funcional en la sociedad. Los derechos de los enfermos mentales, derechos para todosComo ya hemos mencionado, los dos argumentos expuestos por los vecinos de Torrelodones que se oponen al centro de rehabilitación psicosocial hacen referencia al peligro que los enfermos mentales suponen para la comunidad y al hecho de que el establecimiento de un centro de estas características reduciría el precio de venta de las viviendas de los alrededores. Volvamos a los datos y a la carta que ha remitido a la FRAVM Antonio Escudero. “Con respecto a la potencial peligrosidad de los usuarios, hay que reseñar (…) que hasta el momento no existe evidencia de un mayor riesgo en ningún país occidental de ser agredido por una persona extraña con esquizofrenia que por otra persona que no tuviese dicho diagnóstico”. Muy al contrario y, según un estudio llevado a cabo por Brekke y colaboradores (Psychiatric Services, 2001), las personas con esquizofrenia que viven en una comunidad tienen un riesgo de ser víctimas de un crimen entre un 65 y un 130% más elevado que el público en general”. Los medios de comunicación, sin embargo, tienen mucho que ver en la construcción del estereotipo contrario, el del “lunático peligroso”. La publicidad de un homicidio en el que haya un enfermo mental encausado es repetida hasta la saciedad, cultivando la idea de que es la enfermedad la causa del delito. “Cada incidente es multiplicado por cuatro de manera que 20 homicidios aparecen al público como 80”. A estos efectos, resulta especialmente significativo el caso de la doctora de la Fundación Jiménez Díaz, Noelia de Mingo. Estimándose en 60.000 las personas que padecen esquizofrenia en España, los que no cometen actos delictivos –la gran mayoría— casi no existen, porque no son noticia. Con respecto al argumento, también apuntado por los vecinos, del riesgo que supone para la seguridad de los enfermos la vía de servicio próxima al CRPS, se adopta también una actitud errónea que confunde enfermedad mental y dificultad para la relación social con problemas para interpretar las normas de circulación. En este sentido, “hay que distinguir entre la dificultad para relacionarse con los demás y los problemas para percibir la proximidad de los vehículos o de no ponderar el riesgo de cruzar una calzada”. Son palabras de un profesional. Tampoco podemos obviar, continuando con la línea argumental de Escudero, las explicaciones vecinales que remiten a la disminución del precio de sus viviendas por la proximidad de un recurso, público en este caso, destinado a personas que requieren una atención. Este argumento sólo se sustenta si el estigma prevalece, algo a lo que, sin duda, su actitud contribuye. Los vecinos de Torrelodones plantean el tema, tanto desde la lejanía como desde la insolidaridad, olvidando que la esquizofrenia, como paradigma mental, afecta a una de cada cien personas, una proporción muy significativa, máxime cuando se trata de una afección de carácter genético. Como ya hemos mencionado, parte de la responsabilidad de la discriminación que padecen los enfermos mentales corresponde a las autoridades sanitarias. La reforma psiquiátrica iniciada en España con la Ley General de Sanidad de 1986, redujo a la mínima expresión las dotaciones de los recursos intermedios, aquéllos que están a medio camino entre la institución cerrada y la familia del paciente. Precisamente los únicos que, a juicio de Escudero y de los profesionales que forman parte de la Asociación Madrileña de Salud Mental, permiten a las personas con esta enfermedad integrarse adecuadamente en la sociedad a la que pertenecen. Afortunadamente, las familias comienzan a reclamar centros “intermedios” que permitan –con éxito demostrado y demostrable- que personas que padecen este tipo de trastorno recuperen las habilidades sociales perdidas. El de Torrelodones habría de ser uno de estos centros. La actitud de los vecinos del entorno, sin embargo, insiste en alimentar una pescadilla que se muerde la cola: cuanto más aislemos a los enfermos mentales, más dificultades tendrán para recuperar las habilidades sociales e integrarse en el seno de la sociedad. De manera que somos todos los ciudadanos quienes tenemos que reclamar este derecho como propio. De lo contrario, la sociedad en su conjunto se verá seriamente dañada. En palabras de Pedro Martínez, padre de un enfermo mental y representante de la Federación Madrileña de Asociaciones Pro Salud Mental (FEMASAN), ‘todo el mundo debe darse cuenta de que no podemos mirar a otro lado porque es un problema que puede llegar a todos’.El objetivo de la carta de Escudero apunta a que la Federación, a través de la Comisión de Sanidad y en base a la sensibilidad social que la organización a la que representa le reconoce, actúe como interlocutor de cara a la resolución del conflicto del centro de Torrelodones. La apuesta está hecha.