Ángel Gabilondo ha tomado esta decisión después de que el pasado 11 de octubre estas entidades vecinales registrasen un escrito en el que daban cuenta del caso de una veintena de viudas de Orcasitas (Usera, Madrid) que padecen esta situación. Aplicando un mecanismo ciego, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (lNSS) lleva meses reclamando a estas vecinas mayores la devolución del complemento de sus pensiones mínimas (con el que llegaban a unos 700 euros mensuales) al entender que han aumentado sus ganancias patrimoniales por las ayudas percibidas por sus comunidades de propietarios. Unas reclamaciones que llegan, además, después de que se hayan visto obligadas a abonar a Hacienda entre 5.000 y 7.000 euros tras declarar esas “ganancias” en el IRPF.
Este problema no es exclusivo de Orcasitas: se está dando en otros barrios que actualmente viven procesos de rehabilitación y mejora energética y está afectando a otras prestaciones y ayudas de personas beneficiarias, como el Ingreso Mínimo Vital, subsidios de desempleo, pensiones no contributivas, e incluso a becas de estudio y de comedor escolar.
El caso es tan sangrante que el Defensor apenas ha tardado doce días en tomar cartas en el asunto. Y no solo ha abierto una actuación de oficio. Ha enviado dos recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones “para que estudie cambios legales que posibiliten que las subvenciones y ayudas destinadas a rehabilitación de vivienda, que reciben particulares o comunidades de propietarios, queden excluidas y no computen a efectos del límite de ingresos que se exige para la percepción del complemento a mínimos en pensiones contributivas (jubilación, viudedad, incapacidad), así como la percepción de las pensiones no contributivas”.
Del mismo modo, ha recomendado que “se estudie la modificación de la Ley que regula el Ingreso Mínimo Vital (IMV), con el propósito de excluir esas mismas subvenciones y ayudas a la rehabilitación de la vivienda habitual en el cómputo de rentas previsto para acceder a esta prestación, en el artículo 20.1.f de la Ley”.
En opinión del Defensor, la exigencia de reintegro del complemento de pensión para alcanzar la cuantía mínima ocasiona “un detrimento desproporcionado en la economía de estos pensionistas, y desvirtúa la finalidad y razón de ser que motiva su concesión. Esto es, atender a las necesidades básicas de subsistencia de sus beneficiarios”.
La FRAVM y la asociación vecinal del Poblado Dirigido de Orcasitas han denunciado de manera reiterada esta flagrante injusticia ante la Seguridad Social y las máximas instancias de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Incluso, en el mes de julio, expusieron el caso a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, durante un encuentro en la sede de la Federación Vecinal. En todos estos contactos los responsables de la Administración siempre han dado la razón a la vecindad y a la Federación, asegurando que el problema se iba a resolver. Pero la realidad es que, a día de hoy, todo sigue igual.
El Gobierno debe poner fin a esta penosa situación, que no hace sino desincentivar entre la vecindad de barrios humildes la adopción de proyectos de rehabilitación urbanística y energética, torpedeando, paradójicamente una línea de actuación estratégica esencial de la propia Unión Europea.
