El pasado 10 de marzo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto Ley (RDL) de medidas urgentes de protección de los deudores hipotecarios sin recursos. Tal como han manifestado las diferentes Plataformas de Afectados por las Hipotecas, el Código no es otra cosa que una maniobra de distracción. No va a servir para resolver ni siquiera parcialmente el problema por las siguientes razones:
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El Gobierno ha negociado el Código con las entidades financieras. En ningún momento ha querido entablar el diálogo con las PAH ni con otras organizaciones de afectados. En este punto es sorprendente que las entidades digan sentirse molestas por una decisión del Gobierno que, en realidad, éste había acordado con ellas y solo con ellas. La respuesta de las primeras son puro teatro, lágrimas de cocodrilo.
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El RDL no da respuesta a los centenares de miles de familias cuyas viviendas ya han sido subastadas o que ya han sufrido el lanzamiento de las mismas. Estas familias siguen condenadas a sufrir graves dificultades habitacionales y a mantener una deuda perpetua, ante la indiferencia del Gobierno y la avaricia de los bancos y cajas de ahorro.
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Pero ocurre que el RDL tampoco da respuesta a los centenares de miles de familias que, aunque están al corriente de los pagos, no pueden seguir haciéndolo. No da respuesta porque para acogerse al Código cada familia ha de cumplir unas condiciones tremendamente restrictivas: que todos los miembros se hallen en paro, que el importe de la cuotas sea superior al 60% de los ingresos, que el precio de adquisición sea inferior a 200.000 € (en Madrid) o a 150.000 € (en Alcalá, Getafe, Fuenlabrada, Parla, Torrejón de Ardoz…). Los mismos requisitos se extienden a los avalistas.
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Para el Gobierno, una familia de, pongamos por caso, 4 miembros, en la que trabaja uno de sus componentes por un salario de 400 € al mes, no es una familia que esté al borde de la exclusión social. Pero tampoco lo estaría la misma familia, aunque sus ingresos fueran cero euros, si el avalista trabaja o tiene ingresos superiores al 60% de la cuota o si dispone de una vivienda propia.
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El procedimiento previsto en el Código está concebido en función de los intereses de las entidades. El objetivo fundamental es la renegociación del préstamo sin que el banco o la caja de ahorros pierda. Así, se prevé un periodo muy dilatado de pago de intereses de carencia sin reducción del capital; la eventual quita de la deuda es voluntaria para la entidad; la dación en pago se contempla únicamente como el último recurso.
Por todo lo anterior, la FRAVM reitera, en línea con la Iniciativa Legislativa Popular promovida por las PAH de todo el Estado, la exigencia al Gobierno y al Parlamento para que modifiquen las leyes vigentes en una triple dirección:
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Dación en pago retroactiva.
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Moratoria de desahucios durante un periodo mínimo de tres años.
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Constitución con las viviendas recuperadas por las entidades financieras de un parque para alquiler social.
