“Resulta curioso, por no decir alarmante -declara Paco Caño, responsable de Medio Ambiente de la federación- que el gerente de una empresa pública aluda a la salvaguarda y protección del interés general para justificar su negativa a dar a conocer una información referida a un bien y a un servicio público. Es precisamente en nombre de ese derecho por el que insistimos en exigir transparencia en todo lo que tiene que ver con la operación de privatización de algo que es de todos”.
CECU, por su parte recuerda a los poderes públicos que “están obligados a explicar a los ciudadanos las razones para pasar a manos privadas la gestión de un suculento negocio de más de seis millones de consumidores cautivos” que, en estos momentos “funciona, genera beneficios, mantiene precios muy competitivos y un alto nivel de calidad en la distribución”. Por todo ello, vuelve a solicitar que se den a conocer los informes solicitados “ya que, insistimos, han sido pagados con dinero público”.
