El pasado 30 de julio, el grupo municipal del PP de Madrid aprobó en solitario el Plan Especial para la Finca de Torre Arias (San Blas) tras ignorar las más de 1.000 alegaciones presentadas por asociaciones vecinales y vecinas y vecinos a título individual.
El Plan Especial contempla la demolición de edificios de alto valor arquitectónico, como la vaquería o el matadero, y la construcción de un aparcamiento de 106 plazas.
El documento establece la protección con nivel 1 grado singular del edificio principal y de las caballerizas y la casa del guarda.
El Ayuntamiento ha asignado un nivel 1 de protección histórico-artística a varias chimeneas y a la fuente del patio del palacio, así como el vallado perimetral y las puertas en los accesos norte y sur a la finca, la caseta del pozo situada al oeste, el estanque y la fuente al sur del palacio y el puente principal sobre el antiguo arroyo.
Con nivel 2 de protección histórica salvaguarda el antiguo invernadero, la alberca-canal de caballerizas, el arco sobre el arroyo, el cenador junto al palacio, la noria de agua, la fuente y el lavadero, y dos puentes sobre el arroyo.
Varias chimeneas de palacio, tinajas, el patio de caballerizas, algunas antiguas piezas de piedra de Colmenar y los colgadores de lámparas del camino principal reciben el nivel 3 de protección. También regula el uso dotacional como equipamiento educativo del edificio principal y edificaciones anexas, y establece el régimen de obras admisibles (restauración, conservación, consolidación y rehabilitación, así como pequeñas reestructuraciones puntuales relacionadas con acceso de conexión entre plantas y vías de evacuación).
La redacción, en estos términos, del Plan Especial invita a la Plataforma por el Uso Público de la Finca de Torre Arias a pensar que el Ayuntamiento de la capital ha diseñado un “traje a medida” para la privatización parcial de la quinta vía cesión de parte de las instalaciones a organismos como la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei, que ya ha mostrado su interés en instalar en ellas una sede para impartir cursos de posgrado.
La concejala de San Blas, Almudena Maíllo, no cerró la puerta a esta posibilidad en el pleno del distrito al asegurar que “se elaborarán unos pliegos de condiciones para llevar a cabo un concurso público al que puedan acceder todos aquellos organismos educativos o culturales interesados en la quinta que cumplan todos los requisitos. La única condición fundamental que se establecerá será el no obstaculizar de ningún modo el acceso a la zona verde.”
La Plataforma por el Uso Público de la Finca de Torre Arias, que protagonizó una concentración en la puerta del Palacio de Cibeles coincidiendo con la celebración del pleno municipal, continuará defendiendo la gestión del 100% de la finca sea pública y el destino de sus instalaciones a equipamientos públicos. “No puede ser que los chavales y chavalas de Canillejas no tengan un instituto público en el barrio y el Ayuntamiento de Madrid ceda un espacio público destinado a una institución educativa de élite”, remacha Andrés Cabrera, portavoz de la Plataforma.
La Plataforma exige la redacción y aprobación de un plan de rehabilitación de todas las edificaciones de la finca, cuyo uso debería ser dotacional a fin de dar respuesta a las necesidades del distrito de San Blas.
La Quinta Torre Arias es una finca de 13,45 hectáreas ubicada en el último tramo de la calle de Alcalá, en el antiguo Camino Real de Alcalá y a las puertas de la otrora villa de Canillejas. La hacienda, fundada en el siglo XVI, cuenta con un palacete rodeado de árboles de ribera como olmos, chopos, sauces… que crecen en la orilla de un arroyo, y de una plantación de olivares y frutales.
Su propietaria, la condesa de Torre Arias y marquesa de Santa Marta y de la Torre de Esteban Hambrán falleció en octubre de 2012. Meses después se hacía efectiva la cesión de la finca al Ayuntamiento de Madrid en virtud de un acuerdo firmado en 1985 por el entonces alcalde de la capital, Enrique Tierno Galván y sus propietarios y según el cual, a la muerte de éstos, la quinta pasaría a manos del municipio con la condición de que el espacio se empleara como parque público y para servicios a la ciudad.
