La indignación crece entre los miembros de la asociación vecinal Pablo Iglesias de Rivas. Un día después de que denunciasen en la sede de la FRAVM la situación de riesgo de perder sus viviendas que padecen unas 40 familias de la colonia del mismo nombre, esta mañana, el alcalde de la localidad ha rechazado recibirlos o abrir cualquier tipo de diálogo con ellos.
Pero no sólo. Por si su postura no era suficientemente clara, ha llamado a una dotación de la Guardia Civil, y ésta se ha dedicado a indentificar a las personas que demandaban una reunión con la alcaldía. En total, una quincena de vecinos y vecinas afectados, junto a un representante de la FRAVM, se concentraron a media mañana frente a la sede consistorial con carteles contra la exclusión social. El acto se llevó a cabo ‘de manera totalmente pacífica y en silencio’, subraya la asociación, que ya ha anunciado que volverá a manifestarse el próximo 4 de noviembre en dos concentraciones, una a las 8 de la mañana y otra a las 8 de la tarde.
La Pablo Iglesias solicita la intervención de la alcaldía de Rivas para que una serie de familias de la citada colonia que pueden perder sus viviendas en los próximos meses ante el impago de los costes de una rehabilitación ‘injusta’, puedan solventar su deuda en plazos y condiciones acordes con su nivel económico. En estos momentos, más de 20 hogares tienen que hacer frente a juicios monitorios (previos a los desahucios) y 44 familias pueden perderlo todo por no poder asumir, en dos plazos, los pagos de una rehabilitación que ha costado una media de 15.000 euros a cada vivienda.
Tal y como señalan los vecinos afectados, que se han unido en una “Comisión de Impagados”, a pesar de que las 939 viviendas de la urbanización Pablo Iglesias no tienen más de 25 años y diversos arquitectos concluyen que las condiciones estructurales de las viviendas son buenas, el Consistorio, en colaboración con la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Vivienda , aprobó un plan de rehabilitación integral que a la larga tendría un coste de 32.000 euros por vivienda de media. Aunque las ayudas cubren una buena parte del presupuesto, las personas con menos recursos no pueden afrontar el resto en las estrictas condiciones actuales. ‘Tenemos casos como el de Marisa, con su marido en paro, que tiene la casa casi embargada, o el de María Carmen, de 62 años, que tiene un sueldo de 600 euros y un hijo en paro, o el de jóvenes enfermos de cáncer que tienen que destinar la mayor parte de sus ingresos a su mediación, o el de jubilados que han tenido que ponerse a trabajar” para hacer frente a la deuda, indicó ayer la presidenta de la asociación Pablo Iglesias, Nieves Domingo.
