Además de criticar el operativo policial puesto en marcha para llevar a cabo los derribos, en el que han participado centenares de agentes antidisturbios, la FRAVM, como medida de urgencia, exige a los servicios sociales una solución inmediata para las familias que se han quedado sin vivienda (y algunas de ellas sin sus enseres personales) tras la acción de las excavadoras.
La organización ciudadana, como ya ha hecho en reiteradas ocasiones, demanda la puesta en marcha de un plan integral de medidas sociales para la zona que implique a todas las administraciones afectadas (ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Gobierno central) y que cuente con la participación de colectivos sociales. Para ello, solicita la activación sin demora de una comisión integrada por todos estos agentes.
El citado plan deberá priorizar las medidas sociales dirigidas a lograr una mayor integración y mejorar las condiciones de vida de las vecinas y vecinos de la Cañana Real Galiana, asegurando su acceso a derechos elementales como la vivienda, la educación o la sanidad.
Por último, la FRAVM recuerda que el movimiento vecinal lleva más de dos décadas demandando a las administraciones la erradicación de los asentamientos marginales y la puesta en marcha de soluciones que aborden todas las dimensiones del problema, alertando sobre el riesgo de enquistamiento del chabolismo y la infravivienda.
