Sin embargo, los colectivos sociales podrían tardar años en ver los documentos solicitados y que han permanecido ocultos a la opinión pública hasta la fecha, en algunos casos durante 25 años. La razón es que Distrito Castellana Norte (BBVA y constructora San José) se ha opuesto a que se facilite la información, y según los procedimientos legales, en el caso de que esa entidad interponga un recurso contra la autorización parcial ahora acordada por ADIF, se tardarían años hasta poder finalmente acceder a la información.
Concretamente, el artículo 22 de la Ley 19/13 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno establece que, cuando exista oposición de terceros, el acceso a documentación sólo se facilitará en caso de que no se interponga recurso contra la resolución o cuando en caso de interponerse se haya resuelto el mismo. De acuerdo a los plazos habituales de estos procedimientos, en el caso de que DCN recurriese ante los tribunales, se puede estimar que la sentencia tardaría dos o tres años, y en caso de ser recurrida cuatro o cinco años.
La FRAVM, la Plataforma Zona Norte (que agrupa a la mayoría de los colectivos de barrio de la zona afectada por el proyecto), Ecologistas en Acción, el Club de Debates Urbanos y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo no pueden sino denunciar esta situación que impide el acceso de la ciudadanía al conocimiento de acuerdos y decisiones que afectan a instituciones, intereses y bienes de naturaleza pública, y deberían estar directamente accesibles al escrutinio ciudadano desde el portal de transparencia.
Mediante estas dilaciones y argucias legales, la entidad ferroviaria, en connivencia con DCN, está impidiendo el acceso y abocando a las organizaciones a tener que defender un derecho obvio de acceso a documentación pública en los tribunales. Es necesario recordar que, tras 25 años de demoras, cambios y maniobras opacas, la concesión de los derechos urbanísticos de Chamartín a DCN por parte de RENFE-ADIF está bajo sospecha de irregularidad y fraude. Ni siquiera está claro que el acuerdo pueda mantenerse en vigor desde el punto de vista legal. Y resulta de todo punto inaceptable que a estas alturas la concesionaria DCN pueda seguir bloqueando el acceso de la opinión pública a los entresijos del proceso.
Por otra parte los colectivos citados denuncian la pasividad del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid en relación a la opacidad de la Operación Chamartín, no habiendo exigido a Fomento-RENFE la información sobre los antecedentes de la misma antes de negociar una ordenación (Madrid Nuevo Norte) donde se cede claramente a los intereses financieros de DCN, y llaman la atención sobre la paradoja de que hayan sido las entidades civiles la que lleven la batalla por la transparencia ante los organismos del Gobierno central, en lugar de hacerlo nuestra representación municipal.
Finalmente, las asociaciones reiteran por todo ello la exigencia al Ayuntamiento de Madrid para que paralice la tramitación de MNN, que hoy se aprobará en la Junta de Gobierno del Consistorio, en tanto no se disponga de los antecedentes mencionados. Ante el empeño por ocultar la información cabe plantearse de nuevo la legitimidad de continuar con un proyecto urbanístico de grandes dimensiones y enorme impacto para la ciudad de Madrid.
