El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publicaba, el pasado 18 de octubre, una resolución del director gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) por la que se abre el concurso de la adjudicación del contrato de obra de las reparaciones generales en el barrio de Orcasur y colonia Ferrando (Usera) con un presupuesto de 4.426.468,89 euros. La aprobación de esta medida da parcial satisfacción a la lucha que las vecinas y vecinos de Orcasur iniciaron hace veinte años.
Entre 1979 y 1981, miles de vecinos que habían sido expropiados de sus casas fueron realojados en viviendas que el Estado había construido y fueron posteriormente transferidas a la Comunidad de Madrid.
En 1987, sus moradores empezaron a denunciar la existencia de multitud de deficiencias (grietas, fisuras, carencia de muros de contención, humedades, desniveles en el suelo, falsos techos fisurados, sótanos en mal estado…) que la administración regional ignoró. Diez años después, en 1997, el IVIMA puso a la venta las viviendas.
Ya en 1999, el IVIMA, al que el Defensor del Pueblo había instado a reparar las deficiencias, accedió a financiar una primera remodelación de los tejados y aislamientos de los polígonos 1, 2, 3, 5, 6 y 7.
En 2003 el Instituto de la Vivienda volvió a invertir 247.000.000 de las antiguas pesetas en una segunda operación que abordó el saneamiento y los arreglos de garajes y goteras de las viviendas.
Cuatro años después, Orcasur recibe una nueva partida presupuestaria que esta vez asciende a casi cuatro millones y medio de euros para reparar las deficiencias que aún hoy continúan denunciando sus vecinas y vecinos.
Los representantes de las entidades vecinales del barrio están convencidos de que no será la última inversión que la administración haga para mejorar el estado de sus viviendas y, añaden, entienden que la remodelación debería ir acompañada por otras medidas que logren dignificar el barrio, que está lleno de socavones, basura, coches abandonados que el Ayuntamiento no retira a pesar de nuestras llamadas y locales abandonados que son ocupados de forma ilegal ante la pasividad de la Administración.
