Colectivos ciudadanos piden al Gobierno el reconocimiento de la electrohipersensibilidad y otras enfermedades ambientales

La Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), que está compuesta por decenas de organizaciones vecinales, sociales y ecologistas de diferentes comunidades autónomas, la FRAVM entre ellas, haciendo suya la reclamación de las asociaciones de afectados, reclama a las autoridades españolas y europeas el reconocimiento oficial como enfermedades de la Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y la Electrohipersensibilidad (EHS).

Colectivos ciudadanos piden al Gobierno el reconocimiento de la electrohipersensibilidad y otras enfermedades ambientales
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La demanda, una de las conclusiones de la reunión semestral que la plataforma desarrolló este fin de semana en Madrid, se produce dos días antes de la celebración del Día internacional de la Fibromialgia (FM), Síndrome de Fatiga Crónica (SFC), Sensibilidad Química Múltiple (SQM) y Electrohipersensibilidad (EHS) y tres jornadas antes de un importante encuentro que mantendrán colectivos de enfermos con responsables de la OMS en su sede en Ginebra. El grupo de afectados, que representa a organizaciones de 26 países, trasladará a la directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente, María Neira, la demanda de inclusión de la SQM y la EHS en el listado de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), tal y como ya se encuentran la FM y el SFC. La reclamación, que estos afectados han hecho llegar al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llega avalada por la firma de más de 200 profesionales de la salud y más de 240 ONG, fundaciones y asociaciones de damnificados.

Según la Asociación de Afectados por los Síndromes de Sensibilidad Química Múltiple, Fatiga Crónica, Fibromialgia y para la Defensa de la Salud Ambiental (ASQUIFYDE), promotora de la campaña con la OMS, “los efectos que sobre la salud tienen los químicos y las radiaciones electromagnéticas a dosis muy bajas, pero acumulativas e interaccionando entre sí, han acabado por generar una masa de enfermos crónicos, incapacitados para realizar una vida normal, de entre un 1 y un 5% de la población”.

“La situación de desprotección sanitaria, social, familiar, judicial y económica que estamos viviendo los afectados por el SQM y por la EHS es inaceptable desde la perspectiva de la definición de la salud que hace la propia OMS”, indica Francisca Clavero, enferma de SQM y portavoz de esta organización. La no inclusión de estas enfermedades en la CIE impide a estas personas obtener diagnósticos correctos y que sus tratamientos sean cubiertos, al menos en parte, por la Administración pública. Además, su reconocimiento oficial propiciaría una mayor investigación en este campo. “Sólo a partir del reconocimiento, podremos empezar a luchar por nuestros derechos, mientras tanto seguimos siendo ignorados y sobreviviendo como podemos”, asegura Clavero.

Además de apoyar a las personas afectadas por estas patologías, que el pasado 7 de mayo se concentraron en la madrileña Puerta del Sol, la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) continúa su batalla para que los grupos políticos se posicionen de manera clara respecto a este tipo de polución y las autoridades estatales, autonómicas y municipales adopten las medidas necesarias para frenar sus efectos negativos en lo ciudadanos. En este marco, valora de manera “muy positiva el trabajo llevado a cabo en el Congreso por IU y su grupo parlamentario” y vuelve a solicitar al Gobierno español y a la propia UE que promueva estudios de “los cada vez más numerosos casos (cluster) de afectados de cáncer y otras enfermedades relacionadas con la exposición a campos electromagnéticos”. Por ende, tras realizar una serie de enmiendas al Proyecto de Ley General de Salud Pública, actualmente en el Congreso, la PECCEM prepara ahora una batería de rectificaciones de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones.

En el plano de la vigilancia y prevención de un tipo de contaminación que proviene de elementos como las antenas de telefonía móvil, las redes wifi o las instalaciones eléctricas de alta tensión, emplaza a los ayuntamientos “a controlar las radiaciones que recibe la población”, tal y como hace el Consistorio de Leganés gracias a la aplicación de una ordenanza modélica recientemente aprobada. Además, tomando como ejemplo este caso, denuncia la actitud de las operadoras de telefonía, que han solicitado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspensión de la norma en un intento de paralizar su aplicación. Pero por ahora, subraya la PECCEM, la ordenanza de Leganés se está aplicando con éxito y la restricción de emitir con unos niveles máximos de 0,1 microvatios/cm2 no ha generado ningún problema de cobertura telefónica en ningún tipo de llamadas.

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