El martes 20 de octubre, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, presentó en la Asamblea de Madrid una proposición de ley para derogar el artículo de la Ley del Suelo que limita a tres las alturas de las edificaciones. Este artículo se introdujo en 2007 impuesto por la mayoría absoluta del Partido Popular con el “fin de impulsar un nuevo modelo de ciudad más humano”. Sin embargo ocho años más tarde se ha convertido en el gran quebradero de cabeza de los promotores de las actuaciones urbanísticas más especulativas de la ciudad.
Para evitar la aplicación del artículo en los grandes desarrollos urbanísticos de Madrid, el Partido Popular, siempre en solitario, aprobó varias modificaciones de su régimen de aplicación. De esta forma se pretendía excluir, de esta limitación, los grandes desarrollos del plan general de Madrid. A pesar de estos intentos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha seguido considerando que el límite de las tres alturas es de aplicación a operaciones como Mahou-Calderón y Chamartín (actual Distrito Castellana Norte). Estas actuaciones han sido anuladas porque plantean la construcción de miles de viviendas en edificios que superan las tres plantas, incluyendo rascacielos.
Estas sentencias deberían considerarse una oportunidad para redefinir estos proyectos: incluirlos en un plan director de futuros desarrollos y actuaciones en barrios del entorno, así como para modificar las propuestas aberrantes del planeamiento de Madrid y su área metropolitana. Sin embargo, lo que se plantea es la derogación rápida de este artículo para dar vía libre a las grandes operaciones especulativas, sin una alternativa.
Pero la proposición de Ciudadanos va más allá de derogar el artículo. Lo más grave es que introduce una disposición adicional de farragosa redacción y compresión, con la que pretende cambiar de forma retroactiva (lo que podría ser inconstitucional), la manera de interpretar la limitación de las tres alturas. Se da la circunstancia de que los nuevos criterios de interpretación que plasma el Grupo Parlamentario son radicalmente opuestos a los que viene aplicando el TSJM en sus sentencias.
De esta forma, Ciudadanos se suma a la mala práctica del Partido Popular de modificar la Ley del Suelo cada año (sería la 14ª modificación en 14 de años de vigencia de la Ley) para beneficiar de manera oportunista a promotores inmobiliarios (bancos y constructoras). En la Comunidad de Madrid, la Ley del Suelo necesita una reforma integral nacida del debate amplio y la participación pública. Todo lo contrario al opaco proceso iniciado y capitaneado por el Partido Popular en los grupos de trabajo constituidos al efecto.
Por todo ello, la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, rechaza la proposición de ley presentada por Ciudadanos, niega que su finalidad sea recuperar un urbanismo más racional y acusa al nuevo partido de anteponer los intereses de la especulación a los de la ciudadanía y la ciudad.
