El inicio de las obras de remodelación del ala norte del hospital Clínico San Carlos se traducirá en el traslado, durante un período que oscila entre 12 y 16 meses, de 380 camas y 649 profesionales a siete centros de la región: el Gregorio Marañón, Niño Jesús, Rodríguez Lafora, Carlos III, La Paz, Santa Cristina y la Cruz Roja.

En adelante, por tanto, las vecinas y vecinos de los distritos de Carabanchel, Latina, Centro y Chamberí que requieran los servicios de cuidados paliativos, geriatría, ginecología, neonatos y psiquiatría deberán trasladarse hasta los mencionados hospitales, algunos de ellos situados a varios kilómetros del lugar de residencia de los usuarios del clínico. “No pueden obligar a miles de personas con problemas de salud a trasladarse a hospitales situados en el norte de la capital, en los distritos de Fuencarral, Tetuán y Salamanca como si fuéramos meras mercancías”, denuncia Lourdes Hernández, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Carabanchel. “No puede ser -insiste- que la pésima gestión de la que hace gala la consejería de Sanidad y las desavenencias políticas entre el Gobierno regional y el Ministerio de Defensa nos priven de la posibilidad de hacer uso del hospital Gómez Ulla”. Tal posibilidad es, a juicio de las asociaciones vecinales de Carabanchel, la que menos molestias y trastornos provocaría a los usuarios del Clínico mientras duren las obras de remodelación. “En la actualidad el Gómez Ulla está absolutamente infrautilizado: apenas se utilizan 350 camas de las 1.000 disponibles. Es una auténtica tomadura de pelo que nos envíen a centros situados a varios kilómetros de aquí teniendo un hospital casi en la puerta de casa”.

La Coordinadora recuerda que, tal y como recordó el gerente del hospital, Ángel Fernández, en su comparecencia del 21 de enero en la comisión de sanidad de la Asamblea de Madrid, la cláusula segunda del convenio que el Ministerio de Defensa firmó con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) el 13 de abril de 2007 no se ha cumplido. “Según el convenio -recuerda Hernández- el Sermas debía ofrecer a 110.000 vecinas y vecinos de los barrios próximos al hospital la adscripción voluntaria al centro a partir del 1 de enero de 2008. Es decir, que a estas alturas los vecinos de los barrios más cercanos deberíamos tener al Gómez Ulla como hospital de referencia y ahorrarnos esta bochornosa `diáspora’ por Madrid”. Instan, por tanto, al Gobierno regional y al Ministerio de Defensa a que “lleguen a un acuerdo que garantice el ejercicio de los derechos de los usuarios y usuarias de la sanidad pública por encima de sus desavenencias políticas”.

Por último, las asociaciones vecinales de Carabanchel confían en que la consejería logre incluir el hospital militar Gómez Ulla en la red de hospitales públicos de la región. “Hace unos meses -subraya Gabriel Lozano, portavoz de la Coordinadora-, el gerente del hospital obtuvo el compromiso personal del director de hospitales, Antonio Burgueño, de unir el hospital a la red pública en el marco del desarrollo de área única. Confiamos -añade- en que den así cumplimiento a una reivindicación justa que garantizaría la accesibilidad de las personas enfermas al hospital y un uso racional de los recursos existentes en un periodo de crisis”, concluye.