El pasado 4 de abril la Asociación Vecinal Independiente de Butarque (AVIB) registró en el Juzgado número 28 de Madrid un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid por la concesión de la licencia de construcción de una gasolinera en la calle Hulla, en el distrito de Villaverde, un extremo al que ha llegado después de que el consistorio ignorara los dos recursos que la asociación había presentado con anterioridad.

La historia se remonta a 2009. Por aquel entonces, la empresa solicitó la licencia por primera vez. Los vecinos pidieron al Ayuntamiento que la denegaran por estar situada a menos de 15 metros de un bloque de viviendas, muy cerca de dos zonas de juegos infantiles y pegada al solar destinado a la construcción del centro de salud del barrio.

El pasado 26 de noviembre los vecinos descubrieron que su petición no había sido atendida cuando comprobaron que la empresa había inciado las obras. Sin más demora, presentaron un recurso extraordinario de revisión y solicitaron una reunión con los responsables del área de Urbanismo. Nunca recibieron respuesta.

La asociación cuenta que cuando los afectados tuvieron acceso al expediente descubrieron que cuando la empresa solicitó la licencia, en agosto de 2009, el Ayuntamiento remitió el proyecto a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid porque era necesario elaborar una declaración de impacto ambiental.

Casi dos años después, el 22 de marzo de 2011, el Ayuntamiento cerró el expediente por falta de resolución en el procedimiento de declaración de impacto ambiental. La empresa la obtuvo en febrero de 2012 y volvió a solicitar la licencia. En lugar de reabrir de nuevo el proceso, inició un nuevo expediente, pero adjuntando la documentación del expediente anterior.

AVIB denuncia que la concesión de la licencia supone una “grave irregularidad”, ya que el artículo 30.2 del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas obliga a iniciar de nuevo los trámites para obtener la licencia, que incluyen la información pública y la posibilidad de que los afectados pudieran haber presentado alegaciones. Además, alegan, el Ayuntamiento incumplió la obligación de avisar a AVIB, en calidad de parte interesada.

La asociación exige que se inicie de nuevo el proceso para permitir a los vecinos que presenten alegaciones y que se tengan en cuenta estudios recientes, como el de la Universidad de Murcia, que demuestra que la contaminación derivada de la actividad de las gasolineras, con agentes cancerígenos como el benceno, se perciben desde los edificios que están a menos de 100 metros. Por todo ello, el pasado 4 de abril presentaron un recurso en el Juzgado Contencioso Administrativo número 28 de Madrid que ha sido admitido a trámite.

Además, la asociación ha dirigido una carta a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en la que solicitan una respuesta a sus escritos y recursos acompañada por la firma de más de 2.500 vecinos que muestran su disconformidad con el emplazamiento del surtidor.