A pesar del “silencio vergonzoso del Ministerio de Interior”, en un año de actividad, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos han documentado en los barrios de Madrid 250 controles policiales de identidad basados en criterios étnicos o raciales. Un botón de muestra de una práctica que “se produce continuamente” y en “todas las zonas de Madrid, en particular en aquellas con mayor presencia de migrantes”, en palabras de José Luis de la Flor, uno de los cien activistas que componen este colectivo, perseguido hoy por el Gobierno por su labor informativa. En una rueda de prensa en la que han estado acompañadas por representantes de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), SOS Racismo, el Grupo Inmigración y Sistema Penal (Inmigrapenal) y de la Federacion Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), cuatro de las ochenta entidades sociales que apoyan su denuncia, las Brigadas Vecinales han criticado con dureza el acoso al que se ven sometidas por funcionarios policiales, lo que supone una clara “vulneración de derechos y libertades”. A pesar de que su actividad, centrada en tomar nota de los controles policiales a migrantes y en recabar la opinión al respecto del vecindario, es perfectamente legal, las y los brigadistas acumulan hasta el momento 3.700 euros en multas y 13 de ellos se hallan inmersos en procesos sancionadores. En sus denuncias contra estos “ciudadanos molestos”, los agentes echan mano del artículo 23.h de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que penaliza los intentos de “poner a la gente en contra de la policía”, provocando “reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”. Pero “nosotros nunca nos comportamos de manera agresiva con la policía, y nuestro objetivo no puede ser detener un control con perfil racial. Lo que hacemos es entablar conversaciones con los vecinos, abrir procesos de diálogo, y en ellos constatamos que con estos controles está creciendo la estigmatización y el miedo al inmigrante”, precisó esta mañana José Luis de la Flor.
El 2 de marzo, las Brigadas denunciaron la apertura de varias expedientes sancionadores contra algunos de sus integrantes por “estar observando y documentando controles de identidad por perfil racial realizados por la policía nacional en espacios públicos”. Esta mañana, de la Flor informó de “un nuevo intento de impedir nuestra actividad”. Según su relato, el pasado 10 de mayo, a las 20h30 “en la plaza de Oporto, en el marco de un operativo policial llevado a cabo sólo por agentes vestidos de civil se realizaron, en un plazo de dos horas, más de 70 identificaciones por perfil racial. En este espacio cuatro participantes de las Brigadas Vecinales se vieron de nuevo coaccionadas en su labor de observación y documentación”. Como sucede siempre, los agentes les exigieron la filiación, pero esta vez, “sin mediar criterio alguno y argumentando que obedecían órdenes, sacaron unos boletines de denuncia redactados de antemano a efectos de abrir nuevos expedientes sancionadores con la acusación de obstrucción policial”, sostuvo el brigadista.
Para Malena Becerra, otra representante del colectivo de derechos humanos, el objetivo de estas sanciones “es paralizar la respuesta social frente a los controles de identidad racistas, que han sido denunciados reiteradamente por varios organismos, entre ellos la ONU y Amnistía Internacional”, y tiene la “clara intencionalidad de criminalizar a quienes denuncian la discriminación y el racismo” de este tipo de actividad policial. “Curiosamente son sancionados aquellos que vigilan a los que deberían ser sancionados, ya que están realizando prácticas ilegales, algo que no sólo han denunciado organizaciones sociales sino también amplios sectores de la policía, como el sindicato policial SUP, que ha afirmado que les están obligando a tratar a los inmigrantes como si fueran delincuentes”, aseguró en la rueda de prensa Margarita Martínez Escamilla, de Inmigrapenal.
Según Becerra, la práctica policial de identificaciones por el aspecto físico ‘vulnera los derechos y libertades fundamentales de la población migrada: no sólo se aplica una innegable selección racial realizando los controles de identidad prohibidos por ley sino que la persecución de una falta administrativa, como encontrarse en situación irregular, sirve de paraguas para la ejecución de detenciones preventivas también ilegales al trasladar constantemente a dependencias policiales a personas que se identifican con su pasaporte u otra documentación válida”.
Estos hechos, así como la “intimidación policial” que sufren los brigadistas vecinales han sido puestos en conocimiento del Defensor del Pueblo y, esta misma mañana, de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, con objeto de que “cese el acoso a las y los defensores de los derechos humanos y se ponga fin a la práctica ilegal de de los controles de identidad por perfil racial”, concluyó Malena Becerra.
