En la nueva sentencia, la Sala Primera del Supremo da la razón a la arrendataria, Montse González, a la sazón portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta del IVIMA (AVVI), que alegó que una de las resoluciones que anuló la operación ya era firme en vía contencioso-administrativa, de tal forma que el fondo de inversión no podía seguir actuando como arrendador.
“La sentencia del tribunal fue clara, la del Supremo inequívoca y los autos recientes incontestables. No le quedan opciones legales a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso para eludir la acción de la justicia y el cumplimiento de las sentencias”, sostiene el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, en sintonía con AVVI.
“Tras todos estos varapalos, el Gobierno regional debe desistir en su incumplimiento de las resoluciones judiciales y hacerse cargo de inmediato de las 3.000 viviendas que nunca debió malvender. Debe sentarse a negociar la mejor forma de recuperar las viviendas con las familias afectadas y cerrar un capítulo nefasto de esta región”, subraya AVVI, muy satisfecha por un fallo que es fruto, en buena medida, del tesón de su portavoz.
“La sentencia abre un horizonte halagüeño para nuestra compañera Montse, una de las personas que más firmeza, convicción y voluntad ha demostrado en esta lucha, que es la de todos nosotros y nosotras. Esperamos que sea, junto con la de Rachid Boukiu, la otra punta de lanza para el resto de familias que se han visto injustamente denunciadas, tensionadas hasta el límite, y que ahora puedan recuperar algo de tranquilidad en una Comunidad, la de Madrid, que no cuida a las personas más vulnerables, que se desentiende de las necesidades de vivienda social existentes y que, pese a ser la más rica de todas, se comporta cicateramente con las humildes y generosa con las pudientes”, asegura la asociación de familias damnificadas.
Tanto AVVI como la FRAVM agradecen “el esfuerzo de esa abogacía comprometida con los derechos sociales y del Turno de Oficio, que tanto servicio hacen defendiendo derechos frente a instituciones que abandonan a su ciudadanía y amparando el derecho a la vivienda frente a los intereses especulativos”.
