En este momento son numerosos los frentes que la ciudadanía tiene abiertos ante las decisiones del Ayuntamiento de Madrid, muchos de ellos ligados a una creciente e imparable privatización y mercantilización del espacio público:
– desde las dificultades para la movilidad peatonal –con las aceras convertidas en aparcamientos improvisados- a la promoción del vehículo privado frente a medios de transporte alternativos menos agresivos para los viandantes
– la proliferación de terrazas que en muchas ocasiones acaban convirtiéndose en pequeños inmuebles
– la multiplicación de actividades efímeras sucesivas que pueblan parques y plazas sin dar descanso a los vecinos
– la instalación de carpas para espectáculos que mediante sucesivas prórrogas ocupan durante años solares destinados a dotaciones
– la concesión de polideportivos municipales a particulares que los diseñan de acuerdo a sus objetivos económicos y no a los de los usuarios a los que están destinados
– la privatización de aparcamientos que ocupan el subsuelo de calles y plazas,
– la explotación turística indiscriminada del centro urbano -desde la apertura exponencial de hoteles a los pisos turísticos.
Al mismo tiempo prosiguen los procesos de involución democrática en términos de participación ciudadana, ya asaltando espacios del común, ya sacando de las instituciones a entidades y vecinos; el incremento de la desigualdad territorial de la periferia urbana respecto a la ciudad aumenta la brecha social y tecnológica y el desequilibrio norte-sur; la gentrificación de los barrios populares que expulsa a sus pobladores; la continua erosión y degradación del patrimonio histórico y cultural, y de grandes y polémicas operaciones urbanísticas dirigidas a favorecer la especulación del suelo atendiendo a intereses privados, que favorecen un desarrollismo imparable basado en el aprovechamiento intensivo de los recursos naturales y el incremento de la contaminación ambiental y acústica sin responder debidamente a las exigencias que impone el cambio climático. Son los casos de la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte, los desarrollos del Sureste, la Operación Campamento, etc.
Todo ello ligado a sucesivas modificaciones legislativas y urbanísticas -nuevas Leyes del Suelo y de Patrimonio, modificación de las Normas Urbanísticas del PGOUM, sustitución de las licencias mediante “declaraciones responsables”- cuyo objetivo patente es facilitar la explotación de la ciudad por parte de los agentes económicos con total indiferencia –cuando no abierta oposición- al interés común.
Por todos estos motivos, las asociaciones y colectivos que a finales de 2013 impulsaron la creación de la Plataforma por el Derecho a la Ciudad (anteriormente denominada Plataforma No a este Plan Urbanístico, en alusión al plan general que tramitaba Ana Botella), han acordado relanzarla con el fin de crear un frente unido que pueda afrontar las amenazas que afectan al modelo de ciudad basado en al defensa del común, obligada demasiado frecuentemente a embarcarse en costosos y complejos procesos judiciales contra las administraciones responsables para defender el bien colectivo frente a los beneficios individuales.
La Plataforma por el Derecho a la Ciudad está compuesta por los siguientes colectivos: Auditoría municipal y participación ciudadana Chamartín, AV Aluche, AV Nuevo Legazpi, AV Pasillo Verde-Imperial, AV Valle Inclán de Prosperidad, Club de Debates Urbanos (CDU), Ecologistas en Acción Madrid, Plataforma Campamento Sí, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Grupo de Acción por el Medio Ambiente (GRAMA), Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP), Parque SI en Chamberí, Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde, Casa de la Cultura Chamberí, Plataforma en defensa del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, Plataforma Nave Boetticher, Plataforma Salvemos la Casa de Campo, Plataforma Zona Norte, Stop Espacio Delicias.
