La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), la Unión Estatal de Confederaciones de Asociaciones Vecinales (UECAV), la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) han sumado esfuerzos para promover una campaña conjunta de denuncia contra la gestión del establecimiento de la tarifa de la luz.
La campaña comenzará el próximo 27 de enero a las doce de la mañana con la celebración de concentraciones simultáneas en la puerta de las sedes de las empresas eléctricas de referencia en A Coruña, Oviedo, Santander, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Elche, Cartagena, Valladolid y Mérida.
El día siguiente, el viernes 28 de enero, se llevará a cabo una concentración unitaria de dirigentes vecinales, también a las 12 de la mañana, ante la sede de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA).
El movimiento vecinal quiere así poner de manifiesto su rotundo rechazo a las desproporcionadas subidas aplicadas a la tarifa de la luz, que en los últimos dos años y medio se ha encarecido un 31%, muy por encima del IPC y de la actualización de los salarios.
Las confederaciones y federaciones vecinales recuerdan que las economías domésticas, que consumen el 48% de la electricidad, pagan el 75% del total facturado. Temen, además, que el déficit tarifario –la deuda contraída por el Gobierno español con las empresas eléctricas–, que ronda en la actualidad los 20.000 millones de euros, sea repercutido a las familias con nuevos incrementos en sus facturas.
Exigen, por tanto, al Ministerio de Industria, que garantice el control público del mercado de la electricidad de manera que las tarifas incorporen criterios de progresividad que obliguen a pagar más a quien más consume y se controle el incremento del coste del consumo doméstico básico de forma que en ningún caso supere el IPC.
Consideran necesario, asimismo, que el Ejecutivo explique de forma clara y transparente las soluciones previstas para abordar el déficit tarifario y el método de liquidación del débito de las eléctricas. Por otro lado proponen la constitución de una mesa de diálogo permanente con el Ministerio de Industria que asuma el control del establecimiento de las tarifas eléctricas y, a medio plazo, promueva un debate público sobre el diseño racional del consumo y la producción eléctrica a fin de facilitar otros objetivos económicos estratégicos, como la creación de puestos de trabajo, la innovación tecnológica y la promoción de un consumo responsable y sostenible de la energía.
