La Princesa fue el primer centro amenazado por el plan de privatizaciones impulsado por el Gobierno regional presidido por Ignacio González, hoy encarcelado en el penal de Soto del Real por delitos de organización criminal, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. La operación, que fue presentada el 31 de octubre de 2012, contemplaba la externalización de 6 hospitales de gestión mixta, 27 centros de salud y los laboratorios de los hospitales públicos. El llamado “Plan Lasquetty”, en referencia al consejero de Sanidad del momento, preveía la conversión del Hospital Universitario e Investigador de la Princesa en un centro especializado en la atención de personas mayores.

La gran movilización ciudadana organizada por la Marea Blanca consiguió la paralización del proyecto pero, tal y como recuerda la MESDAP en un comunicado, “la estrategia privatizadora continúa hoy con el intento de convertir el Hospital Universitario Público de Móstoles en un centro de media y larga estancia”.

Esta transformación, a tenor de las organizaciones que conforman la Mesa, “encubre una operación de trasvase de pacientes de la sanidad pública al hospital Rey Juan Carlos, propiedad del consorcio Fresenius-Helius”. El coste por cama/día del hospital privado Rey Juan Carlos es un 14,95% más caro y ya cuenta con más tarjetas sanitarias que el Hospital Público de Móstoles, “un negocio redondo, como la derivación de agudos a la Fundación Jiménez Díaz”.

Además de defender centros como el hospital mostoleño y La Princesa, la Marea Blanca expondrá su rechazo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, denunciando “las falsedades y medias verdades del hipotético crecimiento que publicita el gobierno de Cristina Cifuentes”.

Esta 56ª Marea Blanca, que se iniciará a las 12:00 ante el número 62 de la calle Diego de León, también pondrá negro sobre blanco la relación de ataques e incumplimientos que sufren los usuarios de la sanidad pública de Madrid y que van desde “la falta de profesionales médicos y del resto de categorías, la accesibilidad para personas dependientes” hasta “la falta de plazas en residencias de mayores, pasando por la negativa de la Comunidad de Madrid a rehabilitar el hospital Puerta de Hierro, actualmente abandonado y que podría albergar 500 camas”. Por todas estas razones, los colectivos integrados en la Marea Blanca pedirán la dimisión de la presidenta de regional y de su Consejero de Sanidad.