Según datos del Eurostat, la inversión española en el mantenimiento de los servicios públicos fue, en 2009, el 25% del PIB, muy por debajo de la media de la UE-15 (30,3%) y de la UE-27 (29,5%).

Esa inversión se ha ido reduciendo paulatinamente y ha alcanzado niveles ínfimos tras la aprobación de los Presupuestos Generales de 2012, los más restrictivos de la joven democracia española, a los que ha seguido un recorte adicional de 10.000 millones de euros en educación y sanidad.

La reducción, en 3.000 millones de euros, en Educación masificará las aulas y supondrá una sobrecarga de horas lectivas, la no cobertura de las bajas de los docentes, una alarmante reducción de becas y la ya anunciada subida de las tasas universitarias.

Los 7.000 millones de euros adicionales recortados en el presupuesto destinado a financiar la sanidad pública abre más aún las puertas a la privatización de la sanidad y dará lugar, a buen seguro, al cierre de centros sanitarios, como ya ha sucedido con el centro de especialidades de Fuencarral, una clausura que obliga a sus más de 70.000 usuarios potenciales a acudir a ambulatorios alejados de sus barrios, una medida que cercena el principio de accesibilidad establecido por la Ley General de Sanidad.

Hay que sumar a todo ello la última medida anunciada por el Gobierno: la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes que, aun estando inscritas en el padrón, carecen de tarjeta de residencia, un flagrante incumpliendo del mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a garantizar y a tutelar la salud pública del conjunto de la ciudadanía.

Por último, nos enfrentamos al anuncio de la definición de una nueva cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud, que distingue una cartera común básica de servicios asistencial; una cartera común suplementaria y la de servicios accesorios, que podrá incorporar un repago según el tramo mediante el aseguramiento privado o el pago efectivo en el momento de la prestación, lo que deja en la más absoluta desprotección a las personas enfermas y a los mayores. Por primera vez en la democracia, 8 millones de pensionistas participarán en el copago farmacéutico.

Frente a este ataque sin precedentes a los servicios públicos, las organizaciones sociales reunidas en la Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos demandan una revisión de los plazos de cumplimiento de reducción del déficit, de manera que los recortes no impidan la inversión productiva y el mantenimiento del gasto que garantiza la protección social de la ciudadanía.

El mantenimiento y mejora del Estado del Bienestar, garante de la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración de toda la sociedad y el progreso individual requiere una reforma integral del sistema fiscal.

Por todo ello, invitan a la ciudadanía a sumarse a una manifestación que partirá el domingo 26 de abril a las 12h de la plaza de Neptuno y finalizará en la Puerta del Sol.