Hace casi un año, el 31 de octubre de 2012, el gobierno regional de Madrid aprobó el denominado Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid con el objetivo de “ahorrar”.
El plan, que no estaba incluido en el programa de Gobierno que las madrileñas y madrileños votaron, contemplaba, entre otras medidas, la privatización de 6 hospitales (Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y del Tajo) y del 10% de los 270 centros de atención primaria existentes, así como la externalización de los servicios no sanitarios para “generar ahorro” y “mejorar la eficiencia de la sanidad pública”.
Durante este año, las consecuencias del denominado “plan de ahorro” han resultado devastadoras: se han clausurado el Instituto de Cardiología y los centros de especialidades y de salud mental de Torrejón y de Vallecas; se han cerrado camas en los hospitales públicos de Getafe y Móstoles; cerca de 3.000 empleados públicos han sido despedidos, cientos de ellos han sufrido una reducción de jornada y 700 profesionales de dilatadas trayectorias han sido obligados a jubilarse quedando sus puestos vacantes; las derivaciones de pruebas diagnósticas y operaciones a clínicas privadas han aumentado un 150%, elevando de 600 a 900 millones de euros el dinero público destinado a empresas privadas; la adjudicación de los servicios de limpieza a empresas filiales de constructoras no garantizan, como hemos observado, la necesaria seguridad; el argumento del ahorro pierte autoridad cuando el Gobierno paga 900.000 euros mensuales a IDC Salud, la empresa adjudicataria de la gestión del hospital de Villalba, por un centro que permanece cerrado…
En ningún momento el Gobierno regional ha justificado ni la necesidad, ni la oportunidad, ni la solvencia de su plan de “sostenibilidad”. Algunas de sus medidas han sido anuladas por la justicia, como el pago del euro por receta. Otras, como la externalización de los seis hospitales, han sido suspendidas de forma cautelar.
En este tiempo, la ciudadanía ha formado una creciente marea blanca en defensa de la sanidad pública, una marea que ha protagonizado encierros, manifestaciones multitudinarias, ha recogido 1.300.000 firmas en defensa de una gestión 100% pública y ha llevado a cabo una consulta ciudadana en la que han participado 950.000 personas, de las cuales el 99,5% se ha mostrado a favor de esa forma de gestión.
La Marea Blanca, que ha inundado puntualmente todos los meses el centro de la capital volverá a salir a la calle el domingo 27 de octubre. Recuerda que “ni antes estaba todo perdido, ni ahora está todo ganado”, ya que nos enfrentamos a la inmimente privatización del 10% de los centros de salud así como al resto de servicios no sanitarios. Además, el hospital Carlos III, un centro de referencia en el tratamiento de enfermedades infecciosas será convertido en un centro de cuidados de larga estancia y La Princesa continúa su lenta conversión en centro principalmente geriátrico.
En esta ocasión, la manifestación partirá de forma simultánea a las 12h desde tres puntos: Atocha, Colón y Puerta de Alcalá. Las tres columnas confluirán para concluir la manifestación en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional.
