En este enlace puedes ver la petición por una moratoria del 5G que ha sido refrendada por casi 1.000 entidades y lleva ya 10.500 firmas.
La Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G, de la que forma parte la FRAVM, considera que los planes de estímulo europeos Next Generation EU, lejos de contribuir a la transición a modelos energéticos y climáticamente sostenibles basados en la sobriedad y en las tecnologías biocompatibles, condicionan su acceso a un proceso de digitalización total de la economía y la sociedad.
Con motivo del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, que se celebra mañana jueves 24 de junio, las organizaciones que conforman la Coordinadora exponen que dicho proceso se maquilla de ‘verde y digital’ y agrava la crisis ecosocial por estar en las antípodas de ser sostenible e inmaterial, no atendiendo a la salud de los seres vivos y el planeta.
Según estos grupos, entre los que se encuentran colectivos vecinales, ecologistas y de defensa de la salud, en los últimos encuentros científicos sobre el 5G del Panel STOA, órgano oficial del Parlamento Europeo de Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas, se cuestionaron los límites internacionales de exposición a radiofrecuencias de la autodenominada Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante (ICNIRP), al no atender a los efectos no térmicos ni a largo plazo. Por ello, en dichos encuentros se solicitó aplicar el Principio de Precaución, especialmente en el caso de las ondas milimétricas del 5G, por la falta de investigación en situaciones reales y en confluencia con el resto de radiofrecuencias.
Las actuaciones de la ICNIRP, asociación privada con sede en Alemania, y de grupos lobistas en su línea, como el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, ya fueron cuestionadas por conflictos de interés en ámbitos científicos, sociales y del Parlamento Europeo.
La coordinadora recuerda las peticiones de moratoria del 5G y/o de aplicar el Principio de Precaución antes de su despliegue, manifestadas en más de 25 estados por diversos organismos públicos y consultivos de salud o medioambiental, o por algún colegio médico, asociación de medicina ambiental o institución de investigación del cáncer, además de los llamamientos científicos internacionales.
El último informe del Consejo de Sanidad holandés apela no solo a no emplear la frecuencia de 26 GHz del 5G, sino a aplicar el principio ALARA en las exposiciones de radiofrecuencias (tan bajas como sea razonablemente posible), ya que “no se puede excluir que la exposición bajo los últimos estándares de la ICNIRP también tenga el potencial de afectar la salud”. En la línea que remarca la última evaluación publicada sobre el “estrés oxidativo” del Grupo de expertos suizos sobre campos electromagnéticos y radiaciones no ionizantes (BERENIS) de la Oficina Federal Suiza del Medioambiente, se destaca la mayor vulnerabilidad en casos de inmunodeficiencias o enfermedades crónicas, y en personas muy jóvenes o de edad avanzada.
La Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G celebra la actuación de diferentes ayuntamientos de varias comunidades autónomas que han aprobado solicitar una Moratoria del despliegue del 5G para atender al Principio de Precaución y a criterios ecosociales.
Asimismo, esta plataforma se solidariza con el llamamiento de más de 700 científicas y científicos de Francia a favor del boicot al 5G y su mundo, por no atender a las recomendaciones en Francia de la Convención Ciudadana por el Clima y del Alto Consejo por el Clima. Este último recomendaba, antes del despliegue de esta tecnología, atender a la evaluación de sus impactos (sanitarios, climáticos, medioambientales, económicos, financieros, sociales) y apostar por una “sobriedad energética para asegurar un futuro habitable”.
La coordinadora se solidariza también con el reciente llamamiento de académicas y académicos de todo el estado Español a favor de una moratoria sobre el uso del reconocimiento facial (que se desarrollará exponencialmente con el 5G y la inteligencia artificial), por afectar no solo al ámbito de la privacidad sino fundamentalmente de la justicia social.
Las organizaciones implicadas recuerdan nuevamente el incumplimiento de la legalidad vigente en el despliegue del 5G señalado en 2019 por el Defensor del Pueblo, y solicitan una vez más a la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación que cumpla los requerimientos señalados por el propio Defensor: evaluación de impacto ambiental, aplicación del Principio de Precaución y creación de la Comisión Interministerial de Radiofrecuencias y Salud.
Según la Coordinadora, “las organizaciones implicadas también pedimos que se cumpla con las recomendaciones incumplidas de la Resolución 1815 del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medioambiente, para impulsar un uso ponderado de una tecnología que sea biocompatible, respetuosa con la vida, el clima y los recursos del planeta”.
