El 22 de marzo de cada año, por iniciativa de Naciones Unidas, se conmemora el Día Mundial del Agua con el objetivo de llamar la atención sobre la problemática general del agua. Con este motivo, la Red Agua Pública (RAP) reafirma su compromiso con el derecho humano al agua y al saneamiento, entendido como un derecho a la provisión de estos servicios, que tiene que estar garantizado por las administraciones públicas competentes cumpliendo con sus obligaciones de respetarlo, protegerlo y cumplirlo. Aunque este derecho es, según el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, legalmente vinculante para los países signatarios del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entendemos que tiene que estar recogido en nuestro ordenamiento legislativo al más alto nivel y nos comprometemos a impulsar esta iniciativa en todos los ámbitos territoriales de forma que esté garantizada su implementación efectiva.
Denunciamos la privatización de los servicios del ciclo urbano del agua, que ha experimentado un incremento notable durante la última década como consecuencia de la crisis económica que ha afectado especialmente a las administraciones locales, y que ha llevado a muchos ayuntamientos a concesionar los servicios de agua para obtener recursos a través del llamado canon concesional. Sin embargo, la experiencia demuestra que la privatización, en un contexto de falta de transparencia y ausencia de rendición de cuentas, conduce al incremento del precio del agua sin que esto se traduzca en una mejora del servicio ni en una inversión adecuada en la renovación de las infraestructuras, al aumento de los impactos ambientales, a los cortes de agua por motivos socio-económicos, a la precarización de las condiciones laborales y a la desaparición de la participación en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, situando los servicios privatizados al margen de los mecanismos de control democráticos y propiciando la corrupción.
Frente a esta tendencia que fomenta la privatización y la mercantilización, son cada vez más los procesos de remunicipalización que consiguen revertirla recuperando la gestión pública, que la RAP reivindica que debe realizarse sin ánimo de lucro, asumiendo los criterios definitorios del derecho humano al agua, respetando las competencias y autonomía municipal, manteniendo las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores y trabajadoras, y garantizando la participación activa, libre y significativa, la transparencia y la rendición de cuentas.
La lucha por el agua pública está indisolublemente unida con las reivindicaciones de recuperar y mantener el buen estado de conservación de nuestros ecosistemas acuáticos, en la línea exigida por la Directiva Marco del Agua, adaptarnos a la realidad que nos impone el cambio climático, reducir nuestra vulnerabilidad frente a los crecientes riesgos de sequías e inundaciones y garantizar un uso sostenible del agua, con unas demandas adaptadas a los recursos realmente disponibles. De hecho, las presiones privatizadoras se manifiestan tanto en lo que se refiere a la mercantilización de los derechos de agua como a la privatización de los servicios de agua y saneamiento, e, incluso, de la gestión del regadío. En este sentido, mostramos nuestra frontal oposición a los intentos de rebajar el alcance y eficacia de la Directiva Marco del Agua durante el proceso de revisión que actualmente está realizando la Comisión Europea.
La remunicipalización requiere del firme compromiso político de los ayuntamientos, en tanto que titulares de los servicios del ciclo urbano del agua, pero también de la participación de la ciudadanía, en tanto que titular del derecho humano al agua. En este contexto, la RAP apoya los procesos de remunicipalización que se han concretado recientemente y los que actualmente están en marcha, entre los que cabe mencionar, por su importancia estratégica, el que se está desarrollando en el Área Metropolitana de Barcelona, en el que la ciudadanía tiene un especial protagonismo a través de Aigua és Vida y el Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica. Resaltamos también la lucha emprendida por la Red Agua Pública de Aragón (RAPA) en contra del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas, que ha supuesto un proceso de movilización ciudadana masivo, la consolidación del movimiento en Andalucía a través de la colaboración cada vez más estrecha de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua y la Marea Azul del Sur, la constitución de la Red de Ciudades y Pueblos por el Agua Pública en la Comunidad de Madrid y, especialmente, la formación de la Plataforma por el agua pública de Bizkaia, que se constituirá este 22 de marzo.
