El terreno, aunque pertenece al Polígono Industrial de Aguacate, se sitúa al lado del supermercado de referencia del barrio, en un tramo de gran tránsito de viandantes. Pero sobre todo, al otro lado de la calle Secoya se encuentran, a tan solo 22 metros, los edificios de viviendas del PAU de Carabanchel, y a 30 metros, una parcela que, según el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, está reservada a futuros equipamientos educativos de primaria y secundaria.
La entidad vecinal se queja de que “todo el proceso ha sido llevado con la máxima discreción por parte de los promotores, evitando informar a las empresas y vecinos colindantes mediante cartelería, que debían haber colocado en la parcela para informar de la solicitud de la licencia. Por el momento, tampoco han colocado el preceptivo cartel informativo de las obras”, subraya.
¿Qué sentido tiene abrir otra gasolinera en el barrio? se preguntan los vecinos y vecinas, muy conscientes de que la nueva estación de servicio se situará a 300, 500 y 1.000 metros (2, 3 y 5 minutos) de otras gasolineras ya existentes, “por lo que cualquier excusa basada en la necesidad estratégica de la zona queda desechada”.
Para la asociación vecinal, estamos ante “una operación comercial simplemente especulativa, que antepone la libertad de mercado muy por delante del bienestar de la vecindad de la zona”. “Y mientras todos los esfuerzos públicos deberían ir en el camino de la reducción del consumo de este tipo de combustibles, nuestras administraciones, local y regional, siguen favoreciendo la implantación desregulada de surtidores en los barrios de la periferia, evitando legislar sobre las distancias de este tipo de instalaciones a las viviendas y los equipamientos públicos”, critica el colectivo.
Las y los residentes y futuros usuarios de las instalaciones educativas de la parcela citada quieren entender cómo ha sido posible que esta gasolinera haya sido favorecida con las licencias de obras, instalaciones y actividad. Y por ello, “han iniciado las necesarias movilizaciones, con la intención de paralizar la obra y que las administraciones responsables den las explicaciones oportunas”, asegura la Asociación Vecinal de Carabanchel Alto.