La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, el colectivo Electro Químico Sensibles por el Derecho a la Salud (EQSDS), la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM) y la red Stop 5G Madrid se han unido con el fin de impulsar la protesta en la capital, una acción que busca llamar la atención sobre las posibles consecuencias negativas de la expansión de la 5G. Una vez más, estos colectivos reclaman algo tan razonable como la paralización de esta tecnología hasta que se demuestre que es inocua para la salud de los seres humanos, los animales y el medio ambiente.
Como consecuencia de la pandemia del coronavirus y del Estado de Alarma, el Gobierno central decidió a finales de marzo retrasar la gran subasta del espectro de la banda de 700 MHz, que en teoría se va a dedicar al futuro móvil 5G. La licitación estaba prevista para los meses de mayo y junio pero ha quedado en suspenso hasta que el Ejecutivo la publique con nuevas fechas. Sin embargo, los movimientos vecinales y ecologistas piden que se retrase sine die hasta que no se realicen estudios concluyentes sobre su inocuidad, recordando que se debe anteponer siempre el Principio de Precaución con el fin de garantizar la salud y seguridad de la población. “Nuestros gobernantes deben anteponer siempre la salud, la seguridad y la protección de sus ciudadanos frente a los intereses económicos. Por eso lo razonable ahora es paralizar la expansión de la 5G hasta verificar, con estudios contrastados e independientes de las grandes operadoras, que esta tecnología no causa daños”, sostiene la Comisión de Antenas de Telefonía Móvil y Contaminación Electromagnética de la FRAVM. “De otra forma -continúa- nos podemos encontrar con que la nueva generación de móviles se expande por todo el planeta y si se demuestran sus efectos negativos en la salud y el medio ambiente sea ya demasiado tarde”.
Las ondas del 5G son ondas electromagnéticas de frecuencias superiores a los 30 GHz, y se calcula que para su funcionamiento esta tecnología necesitará conseguir una potencia hasta mil veces superior a la que actualmente generan nuestras redes de telefonía. Para su implantación se están desplegando millones de antenas sobre la tierra y 50.0000 satélites en el espacio con el fin de generar una red que permita la conexión desde cualquier punto del globo. Los colectivos de personas electrosensibles como EQSDS denuncian que si esto se produce las dejará sin zonas libres de radiación electromagnética. Lamentablemente, aunque EQSDS convoca la protesta del miércoles sus integrantes no podrán asistir ya que la Puerta del Sol es un lugar especialmente contaminado por este tipo de contaminación.
Hay que recordar que el 5G no reemplazará a las actuales redes 2G, 3G y 4G sino que se sumará a ellas, incrementando, más aún, la densa maraña de campos electromagnéticos que hoy soportan nuestras ciudades y pueblos. Existen cientos de estudios científicos que demuestran las nefastas consecuencias en la salud de una exposición prolongada a este tipo de campos, que van desde el estrés celular hasta trastornos neuronales, daños genéticos o desarrollos cancerígenos o de tipo crónico, pasando por alteraciones como déficit de atención, cefaleas, insomnio o arritmias.
En 2018 se lanzó un llamamiento internacional que ha sido suscrito por miles de científicos, médicos y más de 180.000 organizaciones ciudadanas procedentes de 202 países y territorios, que demanda a la OMS y a la ONU la paralización del despliegue del 5G “hasta que existan evidencias de su inocuidad” con el fin de proteger “a toda la humanidad, especialmente a los bebés, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, así como al medio ambiente”.
El propio Defensor del Pueblo, ante las quejas de Ecologistas en Accióny la Plataforma STOP 5G Segovia de las irregularidades en la implantación de un proyecto piloto de cobertura 5G en la ciudad impulsado por Telefónica, solicitó en 2019 a la Secretaría de Estado que informe de las medidas adoptadas para evaluar los posibles efectos sobre la salud de este tipo de proyectos. El Defensor destacó entonces que la frecuencia 26 GHz, una de las tres que se utiliza para la tecnología 5G, no tiene límites seguros regulados, e instó al Gobierno a aplicar el Principio de Precaución. Además, denunció la falta de “una atención especial a las personas electrosensibles” e instó al ejecutivo a seguir las recomendaciones” de la Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre “los peligros potenciales de los campos electromagnéticos [CEM] y sus efectos sobre el medio ambiente”, que contempla “adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los CEM”.
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