El documento recoge también otros procesos de diferentes lugares del planeta, lo que constata que se trata de un proceso que, con sus diferentes ritmos e impulsos, resulta imparable.
Además, destaca la importante sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que determina la fijeza en su relación laboral para las y los trabajadores que sean subrogados por las administraciones públicas en procesos de recuperación de la gestión de los servicios públicos, sentencia derivada de un proceso de remunicipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio en el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña.
El documento subraya que “mientras se producen avances en toda la geografía mundial, en el municipio de Madrid prosigue el despilfarro en la gestión de los servicios públicos”.
Así, según un estudio publicado en 2021, con datos del año 2018, último año del que se dispone información completa, “se calcula que Madrid paga 1.400 millones de euros al año para financiar a empresas privadas que gestionan servicios de titularidad municipal”. “Este desvío de dinero a la gestión privatizada produce un sobrecoste en las arcas públicas municipales de más de 220 millones de euros, por la gestión los más de 420 servicios que debería gestionar el Ayuntamiento de manera directa”, puede leerse en el informe. “Además -continúa- en la mayoría de estos casos, se trata de empresas que gestionan servicios ajenos a su actividad principal (constructoras en servicios sociales), o que pertenecen a fondos especulativos cuyo único objetivo es la búsqueda de rentabilidad (también en servicios sociales)”.
Con la publicación de este informe, los colectivos citados tratan de llamar la atención de las candidaturas que se presentarán a las próximas elecciones municipales y autonómicas, para que incorporen a sus programas electorales “la necesaria gestión directa de los servicios de competencia municipal o autonómica, ya que es un requisito necesario para evitar gastos superfluos, no estén condicionados por la búsqueda de beneficio privado y puedan ser prestados con la calidad que la ciudadanía se merece”.
Entre los colectivos que impulsan este informe, principalmente de Madrid, destacan la FRAVM y varias asociaciones vecinales, secciones, organizaciones y plataformas sindicales, asociaciones medioambientalistas como Ecologistas en Acción o la Plataforma Quinta Torre Arias, entidades sociales como ATTAC, y las plataformas contra la privatización del Canal de Isabel II y por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Madrid.
