Según datos del Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad de Madrid es la región española en la que más han aumentado los desahucios por impago de alquiler. En el segundo trimestre de este año se produjeron 1.467 lanzamientos, lo que supone un incremento del 9,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Al mismo tiempo, nuestra región sigue siendo la más cara para alquilar una vivienda, con un precio de 12,92€/m², casi un 60% por encima de la media española (datos de Fotocasa), y se cuentan por decenas de miles las familias demandantes de una vivienda pública. 3.700 solicitantes de especial necesidad aguardan en estos momentos un piso de la Agencia de la Vivienda Social y se calcula que los jóvenes que aspiran a acceder a un piso público son unos 30.000. Madrid vive una auténtica emergencia habitacional, pero esta cuestión, central para la FRAVM y los colectivos por el derecho a la vivienda, está lejos de ser prioritaria para Ángel Garrido (PP) e Ignacio Aguado (Ciudadanos), si atendemos a su propuesta de Presupuestos regionales para 2019. La federación vecinal, que agrupa a 280 colectivos de barrio de la región, no entiende cómo estos dos dirigentes han calificado estos presupuestos como “los más sociales de la historia de la comunidad” cuando la previsión de gasto para 2019 en construcción de vivienda pública se sitúa en 13 millones de euros, lo que se traducirá únicamente en 44 nuevos pisos en el Ensanche de Vallecas y otros 137 en la UVA de Hortaleza. Estos últimos, por cierto, forman parte de un plan de realojo que debería de haber concluido hace casi diez años.
Si comparamos esta inversión con la presupuestada el año pasado, el gasto se incrementa en medio millón de euros, pero sigue siendo ridículo ante las actuales necesidades, y es incluso inferior al aprobado por el Ejecutivo de Ignacio González en 2015 (17,6 millones). La partida total de inversión en vivienda de la Agencia de Vivienda Social, además, ha pasado de 42 millones de euros a 30,5 millones y el presupuesto global de la agencia para 2019 (223,7 millones) está aún lejos de los 240,7 millones de aquel año.
La FRAVM propone un aumento significativo de estas partidas, así como la creación de una nueva que sirva para avanzar en el proceso de reversión de la operación de venta de casi 3.000 viviendas del IVIMA al fondo buitre Goldman Sachs, que tuvo lugar en 2013, tal y como solicitan desde entonces las familias afectadas.
Del mismo modo, solicita un incremento en las ayudas en materia de rehabilitación, subrayando que la mayor parte de la partida que incluyen los presupuestos presentados por PP y Cs en este concepto proviene del Plan Estatal de Vivienda del Ministerio de Fomento y debe servir para sufragar subvenciones hasta 2021. En este campo, sería deseable una partida específica destinada al desamiantado de instalaciones y edificios, un problema especialmente preocupante en barrios populares de municipios como Leganés o Madrid.
Como vemos, en vivienda la propuesta es poco ambiciosa y continuista respecto a los años precedentes, y lo mismo sucede con otras partidas esenciales como sanidad, educación y políticas sociales y familia, aún reconociendo como positivo su incremento respecto al año pasado. El problema es que estas subidas resultan absolutamente insuficientes para atender las necesidades sociales actuales, especialmente las de las familias madrileñas con menos recursos, y se hallan lejos de los niveles anteriores a la crisis.
Congelación en sanidad
Los 8.106 millones de euros presupuestados para 2019 en sanidad resultan exiguas para recuperar las plantillas que han sido recortadas desde 2009 y que han generado un deterioro notable en Atención Primaria, Especialidades y Urgencias hospitalarias. Hay que subrayar que aunque suponen un 3% más respecto al presupuesto del año pasado, están por debajo del gasto real ejecutado durante el año 2017, que ascendió a 8.159,7 euros. Esto implica una auténtica congelación presupuestaria (y 100 millones menos que en 2008), unos mimbres con los que será muy difícil recuperar el empleo perdido, mejorar la atención y atender las inversiones que necesitan numerosos centros sanitarios de la región.
Si hablamos de educación, aunque se trata de una excelente noticia la anunciada contratación de 700 nuevos docentes (veremos de qué forma se hace realidad) y la gratuidad para las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la subida del 5,4% en términos generales que recogen los presupuestos para 2019 se queda muy corta ante las demandas actuales. Por partidas, los 78 millones de euros destinados a la construcción y ampliación de centros públicos siguen siendo irrisorios, y quedan muy lejos de los 140 millones que se aprobaron en 2011. Pero más allá de las cifras, la FRAVM critica que la Comunidad de Madrid continúe su política de beneficios a la educación privada concertada, que se lleva 1.052 millones de euros de los 4.917 millones del presupuesto total, mientras sigue habiendo colegios e institutos públicos masificados o con instalaciones en precario.
En políticas sociales y familia, las asociaciones vecinales saludan el incremento del 8,36% en atención a la dependencia (aunque resulta insuficiente a todas luces), y se muestran perplejas ante la congelación de la partida destinada a Renta Mínima de Inserción. En abril de 2018 el número de personas beneficiarias de RMI rondaba las 92.000 personas, frente a las 300.000 personas que se calcula que viven a día de hoy en situación de pobreza severa en la región.
La partida de lucha contra la violencia de género, por su parte, aunque experimenta un ligero incremento, no llega a los 25 millones de euros cuando hace diez años era de 44,8 millones. Como recordaron los colectivos de mujeres ayer, durante la celebración del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, es imprescindible aumentar esta partida con objeto de impulsar, entre otras cosas, un “programa de acción contra la violencia sexual en todos los ámbitos (de pareja, familiar, laboral, escolar, en las calles, transportes y fiestas…) con medidas de prevención y atención especializada”.
