El próximo 10 de abril termina el plazo para que todos los ayuntamientos de España adopten una medida que sin duda dará de qué hablar, la puesta en marcha de una nueva tasa de basura finalista y diferenciada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Se trata de una obligación que recoge la Ley estatal 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, y busca dar cumplimiento a normas europeas como la Directiva 2018/850, de 30 de mayo de 2018, que propone el uso de instrumentos económicos para reducir los vertidos y desincentivar sistemas que ponen en riesgo la salud humana y el medio ambiente como el depósito en vertedero y la incineración. Por desgracia, estamos ante un nuevo impuesto que en buena medida es fruto de la desastrosa gestión de residuos de los últimos treinta años en España y en nuestra comunidad autónoma. Nuestros gobernantes llevan décadas sin hacer los deberes que marca la Unión Europea y que le han recordado sus tribunales en sentencias como la del TJUE de 2017 relativa al abandono de 61 vertederos que subraya que “España ha incumplido las obligaciones que le incumben al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar que los residuos sean tratados como establece el Derecho de la Unión, sin poner en peligro la salud humana ni dañar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora”.
El desentendimiento de las administraciones locales, regionales y estatal ha provocado toda clase de problemas graves de contaminación de suelos y acuíferos, con elevadas y descontroladas emisiones de metano y otros contaminantes a la atmósfera, lo que ha acarreado reclamaciones de la Unión Europea y sanciones importantes.
Pero el tiempo se ha agotado y los ciudadanos y ciudadanas no podemos pagar esta falta de diligencia de la que muy pocos ayuntamientos y comunidades se salvan. Así, ante la nueva tasa de residuos que todos los consistorios están obligados a aprobar en los próximos meses, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) reclama que aquella no suponga un gasto extra para las familias, especialmente para las que tienen rentas más modestas.
La implantación de la nueva tasa debe ir acompañada de reducciones equivalentes en el IBI, el impuesto que la mayor parte de ayuntamientos madrileños usa para sufragar la recogida y tratamiento de residuos. No hacerlo supondría un gasto extra para la vecindad de no menos de 150 euros anuales sin una contrapartida justa.
Además, la Federación Vecinal, que hoy agrupa a 301 entidades de toda la comunidad que suman unos 200.000 socios y socias, defiende la incorporación en el reglamento de la nueva tasa de instrumentos de progresividad fiscal, contemplando exenciones totales o parciales para las rentas más bajas. Habida cuenta de que todos los estudios que relacionan renta con generación de residuos nos dicen que a mayor renta, mayor generación de residuos, no debería ser muy difícil establecer la necesaria progresividad fiscal en la tasa.
En un documento en el que analiza el origen, razón de ser y consecuencias de la nueva tasa y explica sus propuestas (y que puedes descargarte en este enlace), la FRAVM también sugiere la creación de una tasa turística para el municipio de Madrid que podría ser parte de la pretendida Ley de capitalidad. Su recaudación podría tener un carácter finalista para inversiones en protección del patrimonio, medio ambiente urbano y medio natural, seguridad y, claro está, en gestión de residuos. Según la memoria del Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV) de 2023, en ese año visitaron la ciudad “10,6 millones de turistas que permanecieron en Madrid una media de 2,1 pernoctaciones, equivalentes a 60.986 habitantes permanentes”. Atendiendo a estos datos, podemos calcular que habrían generado, al menos, 18.904,44 toneladas de RSU (Residuos Sólidos Urbanos), el 1,56% del total los tratados en el PTV en 2023. Siendo relevante la cantidad, lo es aún más su baja calidad, ya que los residuos generados por la actividad turística se ubican mayoritariamente en la fracción resto, de difícil separación y tratamiento, lo que encarece su gestión. Parece más que justificado que los turistas que visitan la capital contribuyan al mantenimiento de su sistema de gestión de residuos.
Por otro lado, la organización vecinal propone diversos cambios en la propia norma que incluye la creación de la nueva tasa, la Ley 7/2022. Esta ley establece en su capítulo II la regulación de un impuesto para los ayuntamientos sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos con cuantías diferentes, hasta el punto que la tasa para el vertido (40 €/tn) es el doble que la de incineración (20€/tn). Esto solo puede provocar que los municipios vuelvan la mirada al sistema de destrucción de residuos por incineración, que desde 2017 ya no recibe subvenciones de la Comisión Europea por su peligrosidad para la salud y su incapacidad para contribuir a una verdadera economía circular. Por tanto, entendemos que las tasas deben equipararse para enviar un mensaje claro de que tanto una como otra deben minimizarse al máximo.
En este punto, la Federación Vecinal recuerda su histórica demanda de clausura de la obsoleta y peligrosa Incineradora de Valdemingómez, un anhelo que debería materializarse antes de que finalice el actual mandato municipal. ¿Qué sentido tiene incentivar un sistema de tratamiento de residuos caduco y poco eficiente como la incineración a partir de una ley que lo que busca es reducir la generación de residuos y el impacto de su tratamiento en la salud y el medio ambiente?
A lo largo de su historia, la FRAVM y sus asociaciones han protagonizado intensas luchas contra tasas e impuestos injustos, que golpeaban especialmente a la población con menos recursos. Si nuestros ayuntamientos aprueban la nueva tasa sin compensaciones, mecanismos correctivos o de progresividad fiscal, se encontrarán, de nuevo, con la oposición del movimiento vecinal, un movimiento que en materia de residuos lleva muchos años defendiendo un modelo basado en la reducción en origen, la recogida separada, la reutilización y el reciclaje, que elimine el uso de métodos como la incineración y reduzca a la mínima expresión el depósito en vertederos.
El documento de la FRAVM sobre la nueva tasa de basura contempla otras propuestas además de las citadas. Todas ellas se pueden resumir en las siete siguientes:
• Reducción del IBI. La creación o actualización de las tasas municipales sobre los residuos sólidos urbanos (RSU) deben ir acompañadas de reducciones equivalentes en el IBI.
• Progresividad fiscal. La tasa de RSU debe ser progresiva, incluyendo casos de exención parcial o total para las familias de rentas más bajas.
• Implantación de una tasa turística en la ciudad de Madrid, de la que una parte debe contribuir al mantenimiento sistema de gestión integral de los RSU.
• Cierre de la Incineradora de Valdemingómez. La tasa de RSU no puede contribuir a la permanencia de esta contaminante instalación, que debería dejar de funcionar en el actual mandato municipal.
• Modificación de la Ley 7/2022 para igualar los impuestos al vertido y a la incineración o, al menos, establecer una diferencia no superior al 20%.
• Modificación de la Ley 7/2022 para equiparar las obligaciones de los municipios de menos de 5.000 habitantes en sintonía con la LRBRL.
• Transferencias de lo recaudado sin demoras. El Estado debe articular con celeridad la transferencia de lo recaudado a las comunidades autónomas y éstas, a su vez, a las mancomunidades y municipios para que lo inviertan en sistemas apropiados de gestión de RSU, distintos de la incineración.
