Precisamente esta semana se hacían públicos los datos del incremento exponencial de los beneficiarios del bono social. Desde abril de 2018 hasta abril de 2020 se ha pasado de 449.267 hogares acogidos (para las organizaciones firmantes “una cifra ridícula”) a 1.311.662, es decir, un 191% más de beneficiarios. Pero desde abril de 2020, con la nueva vía de acceso al bono social, ha habido más de 200 hogares nuevos al día acogidos a esta medida. Estas cifras no hacen más que poner sobre la mesa el considerable aumento de familias en situación de pobreza energética a raíz de la pandemia.
Durante este mes de octubre las personas y familias que no han podido hacer frente a las facturas mientras estaba en vigor la moratoria han empezado a recibir cartas de aviso de corte por parte de las empresas de suministros básicos. Esta situación está generando una angustia enorme y un desamparo total en las personas en situación de vulnerabilidad.
Las organizaciones firmantes reclaman al ejecutivo de Pedro Sánchez que, hasta que no se establezca de manera efectiva el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética, se prorrogue de forma indefinida la prohibición de cortes en el ámbito doméstico.
En una comparecencia que ha tenido lugar esta mañana ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han declarado: “No dejar a nadie atrás significa garantizar los suministros a todas las personas y a todas las familias en plena pandemia. No hay vivienda digna sin suministros. Exigimos hechos y derechos, no meras palabras”.
El manifiesto se ha registrado en ese ministerio, pero también en la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Ministerio de Fomento y el Defensor del Pueblo. Este no es más que el primer paso para exigir una respuesta contundente por parte del Gobierno para frenar los cortes de agua, luz y gas en el Estado español. Las organizaciones seguirán planeando acciones hasta que se tomen medidas valientes que prioricen los intereses de las personas por encima de los beneficios de estas grandes empresas.
A continuación reproducimos el manifiesto en su integridad:
MANIFIESTO MORATORIA A LOS CORTES DE SUMINISTROS
El Gobierno central ha acordado no prorrogar la moratoria de cortes de suministros en todos los hogares del Estado en una decisión que puede conllevar consecuencias nefastas. Tras el Consejo de Ministros celebrado el pasado 29 de septiembre, se ha anunciado la ampliación temporal del llamado “escudo social”, una serie de medidas excepcionales frente a la crisis de la COVID-19, pero que ha dejado fuera la garantía de los suministros de energía y agua. Esta medida, más necesaria que nunca en plena pandemia, afecta a todas las personas en su vivienda habitual y dejará a miles de familias y a la población más precaria (migrantes, mujeres, jóvenes y pensionistas) a expensas de las compañías, que podrían iniciar una oleada de cortes de suministros.
La población más vulnerable, que ha sufrido históricamente las peores consecuencias de las crisis de un sistema depredador de la vida, ve nuevamente cómo ante la actual situación de la COVID queda completamente desprotegida frente al gran oligopolio energético. Un abandono que provoca la vulneración del derecho a una vida digna, al abastecimiento de suministros tan básicos como el agua, la electricidad o una temperatura adecuada en sus hogares.
Las organizaciones y movimientos sociales firmantes de este manifiesto exigimos al Ejecutivo de Pedro Sánchez una rectificación inmediata y que apruebe cuanto antes una prórroga indefinida de la prohibición de cortes en el ámbito doméstico hasta que no se incluya el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética, pues consideramos insuficiente la nueva categorización de consumidor vulnerable que establece el nuevo Real Decreto ley 30/2020.
De no atenderse estas peticiones, supondría que nuevamente las administraciones públicas se desentienden de las miles de familias vulnerables en todo el Estado que podrán sufrir cortes en sus domicilios. Muchas de ellas han visto cómo decaían sus ingresos mientras sus facturas se han incrementado durante el confinamiento (ya que las familias han pasado más tiempo en sus hogares y las tareas de cuidado o atención a la enfermedad también requieren más energía) y no están pudiendo hacer frente a los pagos.
Un hecho que parece proteger en exclusiva a las comercializadoras que según ellas se enfrentan a impagos que “tienen que absorber” y que esto sería un problema ya que no pueden dejar de hacer frente a los pagos del sistema eléctrico. Unas afirmaciones falsas ya que han generado un sistema tarifario que les protege a costa de todas; prueba de ello es cómo han establecido fórmulas de autoprotección como por ejemplo, la forma de cubrir las pérdidas de energía que se producen por transporte, distribución, errores de medida y fraudes. Estas pérdidas, cifradas en una media del 15% de la energía que se produce, se reparten entre las personas usuarias, que abonan un porcentaje de las mismas dependiendo de su tarifa. Esto parece un “seguro por pérdidas” pagado por las personas consumidoras; teniendo en cuenta que según la CNMC se ha ido produciendo un incremento del fraude en sus diferentes modalidades, que cuesta unos 150 millones de euros anuales a los consumidores y que principalmente provienen de empresas y grandes consumidores, y en mucha menor medida (aproximadamente el 1%) de viviendas. Además, muchos de estos hogares, aun habiendo intentado regularizar el suministro porque quieren pagar sus facturas, han recibido una negativa al respecto por parte de las grandes compañías suministradoras.
La prohibición de cortes es una medida de mínimos y es inaceptable que no se prorrogue. Recogida originalmente en el Real Decreto-ley 8/2020, en julio se decidió ampliar la protección hasta el 30 de septiembre y no ha sido renovado nuevamente. Aunque el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la extensión de la cobertura del bono social eléctrico con la introducción de nuevos supuestos, como ya ha sido manifestado en múltiples ocasiones, el bono social es una medida que no ofrece soluciones reales a las personas que padecen la pobreza energética, dado que muchas de ellas siguen sin poder hacer frente a sus facturas, a pesar de contar con los correspondientes descuentos. Además, no abarca las facturas de gas ni de agua, aumentando el grado de desprotección de estas familias. En este sentido, aunque se introdujo la figura del bono social térmico, la realidad es que se trata de una dotación única anual muy reducida (entre 25 y 123,94€), sujeta a disponibilidad presupuestaria y a la cual muchas personas, pese a realizar los trámites establecidos, no han podido acceder a día de hoy.
Hace casi un año y medio, el Ministerio para la Transición Energética presentó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, en la cual se incluía el principio de precaución como una de las principales medidas a impulsar. Este consiste básicamente en imponer a las compañías la imposibilidad de cortar cualquier suministro hasta que la empresa no consulte la situación económica de la familia afectada con los Servicios Sociales competentes y se tenga la certeza de que no se trata de una familia vulnerable.
Las organizaciones firmantes reclamamos que hasta que no se establezca de manera efectiva el principio de precaución en la legislación española en materia de pobreza energética, se prorrogue de forma indefinida la prohibición de cortes en el ámbito doméstico, más aún cuando nos encontramos en medio de una pandemia mundial y a las puertas de una gran crisis social y económica.
No dejar a nadie atrás significa garantizar los suministros a todas las personas y a todas las familias en plena pandemia. No hay vivienda digna sin suministros. Exigimos hechos y derechos, no meras palabras.
