La Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, más conocida como Ley Ómnibus, tendrá unas consecuencias notables en el presente y futuro de nuestra región. El Gobierno regional justifica la modificación de más de 50 textos legislativos que incluye la ley para resolver “cargas innecesarias”, “duplicidades” o por la necesidad de “mayor claridad en su redacción”. Se trata de fines lógicos y loables que, sin embargo, ocultan otra realidad. Muchos de los cambios hacen referencia a cuestiones sustanciales de la legislación. Y, en los casos en que aquellos se refieren a procedimientos administrativos, estos no se plantean como simplificaciones de mero alcance técnico, sino como mermas reales de los sistemas de control y garantía en procesos administrativos y desprotección de la flora, la fauna, los parques regionales y el suelo, favoreciendo la especulación en ciudades y pueblos.
Además, la Ley Ómnibus servirá para crear una agencia de contratación sanitaria que sin duda favorecerá más procesos de privatización de la sanidad pública.
En cuanto tuvieron conocimiento de la primera propuesta gubernamental, durante las pasadas Navidades, numerosos colectivos ciudadanos pusieron en marcha la Plataforma Paremos la Ley Ómnibus. Estos grupos, entre los que se encuentra la Federación Vecinal, presentaron más de 600 alegaciones y en unas pocas semanas recogieron más de 50.000 firmas en su contra. En febrero organizaron una manifestación que fue secundada por más de 5.000 personas, además de dos concentraciones ante la Asamblea de Madrid. Representantes de la plataforma comparecieron también en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior de la Asamblea de Madrid para dar su opiniuón sobre la nueva norma. Pero nada ha sido tenido en cuenta por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
Por ello, la Plataforma Paremos la Ley Ómnibus impulsa una nueva concentración delante de la Asamblea de Madrid para mostrar el rechazo a la Ley. Durante el acto, reclamarán a los partidos de la oposición un compromiso para que recurran la nueva norma ante el Tribunal Constitucional y, en caso de gobernar, tras las elecciones de mayo de 2023, deroguen la norma. La protesta tendrá lugar de 12:00 a 14:00 en el número 142 de la avenida de Pablo Neruda (Cercanías: Asamblea de Madrid. Metro: Nueva Numancia y Buenos Aires).
