Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día para personas mayores y dependientes (30 de ellas en la ciudad de Madrid), con la cesión de terrenos públicos por parte de los ayuntamientos, y cuya explotación sería a cargo de empresas privadas (fondos de inversión y del sector de residencias).
Ante este proyecto, las organizaciones Mayores en Acción, Marea de Residencias, PLADIGMARE, la Coordinadora de Pensionistas COESPE, 7291 Verdad y Justicia, Amnistía Internacional, CCOO, Ecologistas en Acción, AV Puerto Chico, la FRAVM, IU, Más Madrid, Podemos, PSOE, MATS, UGT, Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT y VVBB PP Madrid se han unido para defender un modelo de residencias de gestión pública y con participación ciudadana. Y en este marco, tras una rueda de prensa que dieron la semana pasada, han convocado una concentración el 19 de marzo ante la sede del Gobierno regional.
Estas agrupaciones se oponen a que con dinero público se construyan residencias cuya propiedad sea de “fondos buitre” o grandes empresas del sector de residencias y cuyo fin sea hacer grandes negocios a costa de la calidad de vida de residentes y personas trabajadoras.
Díaz Ayuso anunció en el Debate del Estado de la Región, del pasado septiembre, la construcción de las citadas 40 nuevas residencias y 40 centros de día hasta el año 2030. La iniciativa, siguiendo el mal llamado modelo de “colaboración público-privada”, supondría la cesión de terrenos públicos por parte de los ayuntamientos y una inversión de más de 500 millones de euros. La construcción y explotación de los nuevos equipamientos estaría en manos de empresas privadas (fondos de inversión y del sector de residencias).
Se crearían 6.000 plazas residenciales y 1.600 de centros de día; en ambos casos unas serían concertadas y otras puramente privadas, una operación claramente en favor de los fondos de inversión y grandes corporaciones, que tienen fijado su nicho de negocio en la gestión y explotación de los servicios a las personas mayores, una población vulnerable, utilizando a este sector de la sociedad como una oportunidad de incremento de sus beneficios más que de una aportación social a la sociedad madrileña. 
Vivimos en una Comunidad donde solo el 5,7% de las residencias son 100% públicas (de gestión directa) y donde cada día, como consecuencia de la mercantilización de los cuidados, nos sobrecogen noticias sobre las malas condiciones de vida para los residentes y nos indignan las pésimas condiciones laborales de las trabajadoras. Sabemos que durante la pandemia mientras, entre marzo y abril de 2020, la mortalidad fue de un 7,4% en las residencias públicas, fue de 21,9% en las concertadas (el triple). A pesar de todo ello, la presidenta Ayuso, en su afán de aumentar los beneficios de grandes empresas, se empeña en hacer centros opuestos a las necesidades de la población. No solo eso, este proyecto amenaza, como ya pasó con la sanidad pública, las pocas residencias públicas de gestión directa que quedan en la Comunidad de Madrid.
El fracaso de este modelo mediante el que se pretende construir las nuevas residencias ha quedado patente con la pandemia de la Covid, tal como reflejan los datos anteriores. La presidenta Ayuso quiere “un pelotazo” para ciertas empresas y, de paso, aparecer como la gran benefactora de la población mayor, construyendo residencias, para que olvidemos que dejó morir a 7.291 residentes sin asistencia sanitaria y que Madrid fue la región europea con mayor exceso de mortalidad en 2020.
Exigimos a las instituciones la respuesta necesaria para mejorar los cuidados y la atención a personas mayores consiguiendo entornos habitables en base a los referentes que tenemos como el Acuerdo criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD o el Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, mejorando las ratios de personal necesarias para una atención digna y el enfoque centrado en el cuidado de las personas y la comunidad; al mismo tiempo que se desarticula este proyecto que puede significar un empeoramiento del mal funcionamiento de las residencias en la Comunidad de Madrid.
Es de vital importancia mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, ya que actualmente hay una clara fuga de talento y profesionalidad provocando falta de personal en el sector de dependencia que afecta directamente a la atención de las personas mayores.
Por todo lo anterior, animamos a la ciudadanía madrileña a movilizarse para exigir que estas 40 nuevas residencias sean totalmente públicas, es decir de gestión directa con personal público, y mecanismos de participación para residentes, familiares y representantes de las personas trabajadoras; que se distribuyan territorialmente en función de la población y se adapten a los criterios de acreditación.
