Además de recibir asesoramiento e información, podrás concertar un cita presencial con un voluntario de la oficina, un servicio iniciado por la FRAVM y las asociaciones vecinales de los barrios más afectados por los pisos turísticos ante la inacción de las administraciones. La Oficina continúa su atención presencial los jueves de 18:00 a 20:00 en la sede de la Asociación Vecinal La Corrala, que está situada en la calle Lavapiés, 38. Este es su e-correo: oficinaafectadosvuts@gmail.com
La Oficina asesora sobre las acciones que pueden tomar vecinos y comunidades de propietarios ante pisos turísticos ubicados en sus inmuebles y barrios que estén generando molestias y problemas. Para ello, ha elaborado una batería de recomendaciones y varios modelos de escritos de queja y demanda para ser presentadas ante diferentes organismos con competencias en la materia, como la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid (ADA) o la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid.
Buena parte de las recomendaciones de la Oficina están dirigidas a las comunidades de propietarios, a las que las asociaciones vecinales animan a aplicar el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que permite a las comunidades impedir la implantación de nuevos pisos turísticos en sus inmuebles e incrementar las cuotas que pagan sus propietarios.
La inmensa mayoría de las VUT carecen de licencia de actividad adecuada, y muchas ni siquiera están dadas de alta en el registro de la Comunidad de Madrid. Por eso, si una comunidad detecta la existencia de uno de estos negocios en su edificio, los colectivos vecinales de la FRAVM sugieren, en primer lugar, solicitar a la Dirección General de Turismo un certificado de inscripción.
A partir de ahí, si estamos ante un piso turístico que incumple la ley o genera perjuicios a la comunidad, las vías de actuación son múltiples, y van desde el registro de comunicaciones a la Agencia Tributaria y de demandas al Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento hasta la presentación de denuncias ante Delegación de Gobierno y de demandas civiles, pasando por el envío de escritos al Defensor del Pueblo o de simples solicitudes de intervención de la ADA o de la Dirección General de Turismo.
¿De qué tipo de perjuicios hablamos? La gama es amplia, pero algunos de los más habituales son el ruido, el trasiego de turistas a deshoras, el uso inadecuado (o intensivo) de los espacios comunes, la suciedad y problemas de seguridad (a veces por el descontrol de las copias de las llaves del portal). Tal y como puede leerse en la tabla de recomendaciones de la Oficina, hay que partir de la base, que algunos olvidan, de que “el portal de un edificio residencial no es la recepción de un hotel”.
