De acuerdo a un estudio elaborado en 2007 por la Fundación de Estudios Ciudadanos (ver fichero relacionado), en Madrid existe más de un centenar de colonias y unidades residenciales que acumulan situaciones que hacen de ellos barrios vulnerables o problemáticos: tasa de desempleo superior a la media, elevada proporción de personas analfabetas o sin estudios, concentración de población ocupada con baja cualificación profesional, fuerte deterioro del parque de viviendas, hacinamiento residencial, degradación de la convivencia cotidiana, acentuación de la inseguridad ciudadana, tráfico y consumo de drogas en las calles, conflictos interétnicos… Las asociaciones vecinales son las primeras destinatarias de las protestas e insatisfacciones de los vecinos y vecinas de esos barrios. De ahí que reiteradamente sean las que más exigen a las Administraciones medidas y políticas consecuentes dirigidas a la aplicación de políticas de reequilibrio territorial y en pro de la igualdad y la justicia sociales.
En esta dirección empezó a trabajar y a profundizar, en los años noventa, el movimiento vecinal en los distritos de Usera y Villaverde, en un proceso de concertación con la Administración que cristalizó en los planes especiales de inversión. En esa línea ha continuado desde entonces conquistando partidas presupuestarias extraordinarias para otros distritos del sur y este de la ciudad, así como Tetuán.
El balance de esta línea de trabajo ha sido, en general, positivo para las asociaciones vecinales implicadas, toda vez que gracias a los planes especiales de inversión han logrado la resolución de algunas de sus reivindicaciones históricas.
La FRAVM quiso, en 2009, dar otra vuelta de tuerca más a la estrategia de concertar con la Administración municipal un cuadro de intervenciones que den respuesta a los problemas más acuciantes de los barrios que soportan un mayor grado de exclusión social. Nacían los planes de barrio, un conjunto de casi 700 actuaciones destinadas a reducir las desigualdades sociales de 16 barrios a través del fomento del empleo, la mejora de la educación, el desarrollo del asociacionismo y la atención a colectivos desfavorecidos, entre otros ámbitos. Estos barrios (Caño Roto, en Latina; Pan Bendito y Alto de San Isidro, en Carabanchel; San Andrés, San Cristóbal de los Ángeles y Villaverde Bajo, en Villaverde; “Triángulo del Agua”, el Pozo-Entrevías y Fontarrón, en Puente de Vallecas; La Elipa, en Ciudad Lineal; plaza de Soledad Torres Acosta y Lavapiés, en Centro; poblados A y B, en Fuencarral; y Orcasur, Meseta de Orcasitas y San Fermín, en Usera) fueron seleccionados por presentar los más altos índices de exclusión social en base a los parámetros objetivos antes referidos.
En todo caso, para la FRAVM, “si bien son todos los que están, no están todos los que son”. Por eso, no ha dejado de trabajar para extender esta modalidad de “presupuestos participados” a más ambitos de la ciudad.
A partir de esta semana se constituirán las respectivas mesas negociadoras. Los capítulos en los que se hará mayor énfasis son los relativos a las políticas sociales y, más en particular, los relacionados con las acciones dirigidas directamente a las personas, como las políticas activas de empleo centradas en la formación ocupacional de la población desempleada y en el apoyo particular a los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo sin olvidar la promoción de iniciativas de autoempleo individual y cooperativo.
Otro de los capítulos destacados es el orientado al incremento y mejora de la atención a los grupos poblacionales más vulnerables, tales como la tercera edad, las minorías étnicas, la infancia… mediante la mejora de la convivencia cotidiana, la interculturalidad y la inserción de la población inmigrante y la lucha contra el fracaso y el absentismo escolares.
