El aumento del desempleo y del número de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social como consecuencia de la crisis económica no ha obtenido, por parte de las administraciones públicas, una respuesta dirigida a reforzar los servicios públicos (sanidad, servicios de dependencia, servicios sociales, escuelas de infancia…) que garanticen el reequilibrio social y el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Muy al contrario, en Madrid son numerosos los ejemplos de la reducción de algunas prestaciones sociales y de la precarización de algunos servicios públicos. El sanitario es uno de ellos.
Ayer, decenas de asociaciones vecinales federadas se dieron cita en la sede de la AV Valle Inclán de Prosperidad, a iniciativa de la comisión de Sanidad de la FRAVM, para “avanzar y sumar fuerzas” en torno a la defensa de la sanidad pública. El reto no es fácil dada “la escasa respuesta social y laboral ante las agresiones sanitarias”, la dispersión de las iniciativas y la “escasa capacidad para elaborar alternativas reales por parte de las fuerzas que se oponen a la privatización”. Las asociaciones suman a ello las dificultades para explicar a la ciudadanía las consecuencias concretas de la privatización de los servicios públicos y la relación de la precarización de la asistencia sanitaria pública con el destino de crecientes cantidades de dinero público a la empresa privada.
Para explicar tal relación, las asociaciones acordaron “partir de realidades concretas, relacionarlas con las políticas generales y exigir reivindicaciones igualmente concretas y medibles” toda vez que “sin victorias parciales es difícil mantener cualquier tipo de organización y extender una cultura organizativa para afrontar los problemas”.
Las prioridades que las asociaciones establecieron fueron, entre otras, llevar a cabo una campaña informativa sobre el destino de fondos públicos a centros de propiedad privada y a centros públicos de gestión indirecta, los recortes presupuestarios destinados a la contratación de personal laboral y sobre las consecuencias concretas de la aplicación del área sanitaria única. Sumaron a todo ello las ‘irregularidades constitucionales” que están provocando las trabas administrativas que se están imponiendo a algunos sectores de la población, especialmente a los“sin papeles”, un fenómeno del que las asociaciones harán seguimiento para denunciar, cuando corresponda, las dificultades que la Administración regional impone a algunos de los colectivos socialmente más desfavorecidos en su acceso a la sanidad pública.
En el ánimo de algunas asociaciones latía el interés por volver a tomar las calles para visibilizar la oposición ciudadana a la privatización de la sanidad, un órdago que aceptó el resto y se concretó en el acuerdo de llevar a cabo nuevas movilizaciones en los meses de abril y mayo.
