El pasado 1 de septiembre, el ministro de Industria Miguel Sebastián anunció, durante la inauguración, en Santander, del XXII encuentro de las telecomunicaciones organizado por la patronal del sector (la Asociación Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España, AETIC) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que el Gobierno ofrecerá incentivos económicos y dotación de infraestructuras para aquellos ayuntamientos que faciliten la instalación de antenas de telefonía móvil, de modo que los consistorios que ofrezcan más licencias a las compañías de telecomunicaciones tendrán más dinero público para facilitar, a su vez, el desarrollo de las tecnologías de la información.
La medida anunciada por el titular de Industria contrasta con una resolución del Parlamento Europeo publicada apenas tres días después sobre la revisión intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010. En el informe, la institución europea constata que el número de personas que enferman por culpa de factores medioambientales sigue en aumento y que debe establecerse un registro epidemiológico que ofrezca un cuadro completo de las enfermedades vinculadas, parcial o totalmente, a factores medioambientales. El Parlamento llama especialmente la atención sobre las consecuencias de la contaminación electromagnética generada por las antenas de telefonía móvil en la salud, una aseveración basada en las conclusiones del informe internacional “BioIniciativa” sobre campos electromagnéticos, que resume más de 1.500 estudios de casos de personas sometidas a las emisiones de teléfonos móviles, sistemas Wifi, bluetooth y teléfonos de base fija DECT.
La resolución del Parlamento señala que los límites de exposición a los campos electromagnéticos establecidos para el público son obsoletos, ya que no han sido adaptados desde la Recomendación 1999/519/CE del Consejo, de 12 de julio de 1999 (0 Hz a 300 Ghz) y, lógicamente, no tienen en cuenta la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las recomendaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, las normas de emisión adoptadas más exigentes, como la de Bélgica, Italia o Austria, y no abordan la cuestión de los grupos vulnerables, como las mujeres embarazadas, los recién nacidos y los niños.
El Parlamento, pide por tanto, al Consejo Europeo, que modifique su Recomendación 1999/519/CE para tener en cuenta las mejores prácticas nacionales y fijar así valores límite de exposición más exigentes para todos los equipos emisores de ondas electromagnéticas en las frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz y 300 Ghz.
En consonancia con su inacansable lucha contra la desordenada proliferación de antenas de telefonía móvil en nuestras ciudades, la FRAVM insta a los ayuntamientos a aplicar el principio de cautela en respuesta a los informes científicos que advierten sobre los posibles daños a la salud que conlleva el uso de estas tecnologías, sobre todo a los vecinos que vivimos cerca de estas antenas y que están expuestos las 24 horas del día a las radiaciones de microondas, con unas potencias que no garantizan la salud pública.
Instan al ministro de Industria a que ubique las antenas a una distancia superior a 400 metros de cualquier punto habitado al objeto de hacer converger dos intereses en conflicto: el del desarrollo de la sociedad de la información y el prioritario de la salud de la población.
Por todo ello, la FRAVM solicita que se revise de forma urgente el RD 1066/2001 que establece los límites de protección para las emisiones de las antenas y que, en aplicación del principio de precaución, se aplique una moratoria en la concesión de licencias hasta que se revisen estos límites.
