El pasado 31 de diciembre, el Centro Juvenil del barrio de San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) cerró sus puertas. El Centro, ubicado en un edificio propiedad de la Comunidad de Madrid y gestionado por el grupo GID gracias a un convenio con la Agencia Antidroga, funcionaba como un espacio educativo, de inserción socio-laboral y de ocio y había logrado convertirse en claro referente para los adolescentes del barrio, muchos de los cuales se encontraban en un verdadero riesgo de exclusión social. En los tres años que ha estado funcionando, más de 5.000 chicas y chicos han pasado por el centro.
Sin embargo, las pasadas Navidades, la Agencia Antidroga decidió unilateralmente el cierre del centro, dejando a cerca de un centenar de jóvenes sin el apoyo, acompañamiento y orientación que recibían con el argumento de que el edificio presentaba problemas de cimentación que amenazan la seguridad de los jóvenes. Mª del Prado de la Mata, presidenta de la A.V. San Cristóbal de los Ángeles señala, sin embargo, que “la Empresa Municipal de la Vivienda no incluyó el edificio en el reciente Plan de Rehabilitación Preferente por considerar que su estado arquitectónico no lo requería”.
Los vecinos y vecinas del barrio, apoyados por las principales asociaciones y entidades sociales de San Cristóbal (Asociación de Vecinos, Asociación Educación, Cultura y Solidaridad, IES San Cristóbal, AMPA del IES San Cristóbal, AMPAS de los Colegios Públicos del barrio, Parroquias de San Cristóbal, Cáritas, Plan de Desarrollo Comunitario, Club Deportivo Navas de Tolosa) han reunido, en apenas una semana, cerca de dos mil firmas para exigir la reapertura del Centro Juvenil y denunciar el uso electoralista que se hace de los recursos sociales, “pues no es la primera vez que vemos cómo llegan al barrio en periodo de campaña municipal o regional recursos que luego desaparecen, precisamente cuando empiezan a ser parte del barrio”- añade de la Mata.
En los próximos días los representantes vecinales entregarán las firmas al concejal del distrito y advierten que, “en caso de no recibir una respuesta por parte de las autoridades competentes, los vecinos y vecinas del barrio de San Cristóbal prepararemos movilizaciones para exigir la retirada de una medida que consideramos vulnera derechos básicos al atentar al derecho a la educación y a los procesos necesarios para la integración social y laboral”.
