Los presupuestos sufren un recorte sin precedentes. Registran una caída de un 4,2% respecto al año anterior, lo que los hace claramente restrictivos. Las inversiones reales disminuyen un 22%, principalmente las referidas a nuevos equipamientos, lo que contrasta con el incremento en un 24% del presupuesto del proyecto Madrid Río o con el mantenimiento de la inversión en la obras de reforma del palacio Cibeles, al que se destinan más de 37 mill. de €. También sorprende que pese a que la tasa de desempleo en nuestra ciudad se sitúa en torno al 20% de la población activa, el Área de Economía y Empleo sufra un recorte del 7,38%, mientras que el recorte en vivienda será del 14, 79%. Frente a estos hechos, en una de las dos partidas presupuestarias más importantes, la de personal, se incluyen los salarios de un importante número de altos cargos y otros gastos de representación.
Por otro lado, según la FRAVM, los presupuestos tienen un carácter claramente centralista, ya que mantienen a las juntas municipales prácticamente inermes y desprovistas de atribuciones, aumentando sus presupuestos un ridículo 0,07%.
Si comparamos estas cifras con las destinadas a hacer frente al pago de los intereses (165 millones de €) y la amortización (257 millones) de la deuda contraída con la realización de mega proyectos como el de la M-30 (en total 422 millones, algo más del 9% del presupuesto) obtenemos una imagen nítida de la política municipal, remacha la FRAVM.
Las asociaciones de vecinos, muy molestas con estos presupuestos, se oponen rotundamente a que sean los sectores con menos recursos los que paguen las consecuencias de la caída de ingresos del Ayuntamiento de Madrid, por lo que rechazan medidas tan injustas e impopulares como la nueva tasa de basuras.
Por todo lo anterior, la FRAVM exige al actual equipo de gobierno municipal:
– Participación ciudadana real en la elaboración de los presupuestos municipales, especialmente en lo que se refiere a las juntas de distrito; descentralización presupuestaria y transparencia en la administración de los mismos.– Que la disminución de ingresos municipales no implique una reducción de las prestaciones sociales, las políticas activas de empleo, los servicios sociales, el funcionamiento de dotaciones y servicios públicos, la rehabilitación del parque de viviendas en mal estado, la promoción de vivienda pública o la mejora de la red de equipamientos públicos en nuestros barrios.– Que las inversiones se destinen a fortalecer los servicios sociales, a políticas activas de empleo y a la construcción de equipamientos públicos que garanticen el cumplimiento de los derechos sociales, en detrimento de las grandes infraestructuras. – La congelación de los salarios de los altos cargos así como una drástica reducción de los gastos de representación de todo tipo.– Una auditoría de gastos en orden a identificar ámbitos en los que es posible reducir el gasto corriente (energía, publicidad…) e imponer austeridad en el empleo de recursos públicos.– La Federación vecinal se opone al incremento de impuestos por encima del IPC, así como a la creación de nuevas tasas e impuestos regresivos o con un grado de progresividad mínimo. Propone en cambio una política fiscal fuertemente progresiva de acuerdo con el nivel de ingresos. – También rechaza que se transfiera a la iniciativa privada con ánimo de lucro la prestación de servicios esenciales como el cuidado de la salud, el transporte colectivo, etc…
Por su parte, la FRAVM exige a los gobiernos central y autonómico:
– Permitir, hasta unos límites determinados, que los ayuntamientos incurran en déficit y un incremento de los techos de endeudamiento..- Que se incrementen las transferencias del Estado y de las comunidades autónomas a los municipios, en tanto administración más cercana al ciudadano.– Que se dote a los municipios de herramientas fiscales que permitan la adopción de medidas recaudatorias progresivas: revisión del IAE al objeto de que las grandes empresas paguen un recargo, creación de impuestos sobre las compañías de telefonía móvil, revisión del IBI en sentido progresivo, creación de un recargo sobre viviendas vacías, gravamen sobre solares vacíos, etc.
