El pasado 16 de diciembre la plataforma Madrid en Transporte Público (MTP) presentó sus propuestas para lograr que el transporte público recupere su calidad y cumpla con su condición de servicio público atendiendo especialmente a las personas más afectadas por la crisis económica y contribuya a hacer de Madrid una región socialmente más justa y ambientalmente más sostenible. El decálogo, que incluye propuestas económicamente viables, se presentó el mismo día que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid aprobó los presupuestos de 2015.
Madrid en Transporte Público (MTP) ha elaborado un decálogo de propuestas para revertir la espiral de deterioro y degradación en la que se encuentra el transporte público como consecuencia de las políticas de recortes y mala gestión efectuadas por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid en los últimos años.
El decálogo ha sido el resultado de un trabajo de meses entre las organizaciones y colectivos que forman parte de MTP.
Las premisas que deberían regir una nueva política de transportes son las siguientes:
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Propiedad y gestión totalmente públicas.
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Modificación de las tarifas actuales en función de perfiles socio-económicos, de la situación laboral, familiar y la edad, incorporando:
Un Abono Social para personas desempleadas y sin recursos.
Un Abono Joven 30/30/30 (30 días, 30€, hasta 30 años)
Elevar la edad de gratuidad hasta los 13 años
El Abono para Tercera Edad desde los 61 años en caso de jubilación anticipada
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Recuperar los servicios suprimidos por los recortes.
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Proporcionar un servicio de calidad, respetando el cumplimiento de los convenios de los/as trabajadores/as, el mantenimiento de sus derechos laborales y de las plantillas.
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Mejorar la ruinosa y opaca gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, manteniendo una total transparencia en las inversiones, justificando las decisiones que se toman y estableciendo un organismo de control ciudadano.
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Realizar una auditoría ciudadana de la deuda contraída por la construcción de infraestructuras y dotación de servicios de transporte público en la Comunidad de Madrid.
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Accesibilidad universal, con estaciones y vehículos adaptados y con personal de apoyo para personas con diversidad funcional o movilidad reducida.
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Implementar una fiscalidad integral en materia transporte, basada en priorizar las inversiones en transporte público colectivo y en consonancia con la política tarifaria descrita anteriormente.
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Suprimir los controles de tipo racista dentro de las instalaciones de Transporte Público.
El transporte público madrileño (EMT, Metro, Cercanías, Autobuses Interurbanos) se encuentra gravemente amenazado como consecuencia de la política de recortes aplicadas por el Ayuntamiento y la Comunidad a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. El deterioro del servicio y los recortes, combinados con las subidas de tarifas, han llevado al transporte madrileño a una degradación sin precedentes. Medidas que padecen todas las personas que requieren de estos medios para desplazarse, y que ha hecho del transporte público un artículo de lujo para los sectores más golpeados por la crisis. Lo peor de todo, es que todas estas medidas no han logrado mejorar la situación económica del transporte madrileño: la disminución de viajeros provocada ha reducido tanto los ingresos que no se aprecia mejoría ninguna en sus cuentas
La Comunidad y la ciudad de Madrid llevan más de dos décadas con una políticas de transporte nefastas. Es el momento de apostar por una política radicalmente distinta, basada en priorizar el uso del transporte público y de los modos no motorizados frente al automóvil. Para ello resulta fundamental que la política de movilidad en la Comunidad de Madrid no segregue la gestión del transporte público de la del tráfico motorizado privado, y que los problemas de financiación no se resuelvan de forma separada, sino de forma conjunta, transfiriendo recursos de los medios más contaminantes, con mayor tasa de siniestralidad y consumidores de espacio público, hacia el transporte público colectivo.
El decálogo presentado pretende ser una aportación para el debate político y social que tendrá lugar en los próximos meses hasta las elecciones de mayo.
