Se trata de un informe de 2001 sobre una propuesta de DUCHSA (empresa propiedad del BBVA con una pequeña participación de la constructora San José) a la empresa pública y un documento jurídico “relativo a la incoación de un expediente para la resolución de la concesión existente sobre los bienes de dominio público que integran los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral”. Hasta el momento, Adif, además de dilatar al máximo su entrega, se había negado a hacerlo con el argumento de que estos escritos son meros documentos “auxiliares o de apoyo”. Transparencia resuelve, sin embargo, que “lo solicitado es relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas y su aplicación”. Además, “no puede argumentarse la naturaleza de información de carácter auxiliar o de apoyo, dado que incide de manera directa en los resultados o decisiones que finalmente se adopten”, indica el organismo gubernamental en una resolución en la que da un plazo de cinco días hábiles a la empresa ferroviaria para enviar los informes.
Transparencia, que responde a una alegación presentada por Ecologistas en Acción, la FRAVM y diversas asociaciones vecinales del ámbito de la operación urbanística ante la negativa de Adif a facilitar esos y otros documentos, también subraya el hecho de que la compañía no haya contestado en plazo, a pesar de que debería de haber resuelto “de la manera más rápida posible, para enviar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes”.
Hay que aclarar que la resolución da la razón de manera parcial a los colectivos sociales, ya que rechaza que se haga público un tercer informe, de 2004, “sobre la Operación Chamartín y los conflictos a resolver para su puesta en carga”, al entender que se trata de información “auxiliar o de apoyo”. Este documento fue remitido en su momento al Congreso de los Diputados, por lo que los demandantes siguen sin entender las reticencias de Adif a remitirlo.
Los tres informes sobre los que se posiciona Transparencia forman parte de un voluminoso conjunto de documentos sobre la Operación Chamartín que estos grupos han solicitado en aras de que la ciudadanía conozca al detalle un proceso que, a pesar de su trascendencia para la capital y la región, sus impulsores lo han desarrollado al margen de aquella, de manera casi siempre opaca.
Una parte de esos documentos ya han sido remitidos a las entidades demandantes, pero otros muchos, que Transparencia parece dar ya por enviados, se encuentran aún a la espera de posibles alegaciones de Distrito Castellana Norte (DCN), la marca actual de DUCHSA, que hasta ahora se había negado en rotundo a colaborar.
Es necesario recordar que, tras 25 años de demoras, cambios y maniobras opacas, la concesión de los derechos urbanísticos de Chamartín a DCN por parte de RENFE-ADIF está bajo sospecha de irregularidad y fraude. Ni siquiera está claro que el acuerdo pueda mantenerse en vigor desde el punto de vista legal. Y resulta de todo punto inaceptable que a estas alturas la concesionaria DCN pueda seguir bloqueando el acceso de la opinión pública a los entresijos del proceso.
La FRAVM, la Plataforma Zona Norte (que agrupa a la mayoría de los colectivos de barrio de la zona afectada por el proyecto), Ecologistas en Acción, el Club de Debates Urbanos y el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, que desde hace semanas desarrollan una intensa campaña informativa sobre la operación Madrid Nuevo Norte en los barrios de la capital y municipios limítrofes, reiteran su exigencia al Ayuntamiento de Madrid para que paralice la tramitación de este proyecto en tanto no se disponga de los antecedentes documentales citados. Ante el empeño por ocultar la información cabe plantearse de nuevo la legitimidad de continuar con un proyecto urbanístico de grandes dimensiones y enorme impacto para la ciudad de Madrid.
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