Sr. Garrido, necesitamos un nuevo Estatuto de Autonomía “que atienda a los derechos de la ciudadanía”

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid acaba de cumplir 35 años. Un tiempo en el que la realidad social de la región se ha transformado profundamente. Por eso, tal y como se lo ha transmitido en una carta al nuevo presidente autonómico, Ángel Garrido, la Cumbre Social de Madrid, en la que participa la FRAVM, reclama un nuevo texto “que atienda a los derechos de la ciudadanía” y sirva de marco para “amplias reformas, cambios legislativos y presupuestarios que potencien la región, que coloquen a las personas, sus necesidades y aspiraciones, de una vez por todas, en el centro de la vida política”.

Sr. Garrido, necesitamos un nuevo Estatuto de Autonomía “que atienda a los derechos de la ciudadanía”
Rueda de prensa de la Cumbre Social sobre la reforma del Estatuto de Autonomía

Varios representantes de los más de 200 colectivos sindicales y sociales que conforman la Cumbre Social, el presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, entre ellos, han presentado esta mañana en rueda de prensa la citada carta, un escrito que persigue “señalar el enorme abismo que separa la verdad oficial y la verdad real del día a día” para encarar el cambio de marco legal que la Comunidad necesita. El acto ha tenido lugar en la sede de UGT Madrid, y en él han tomado la palabra el portavoz de la Cumbre, Carlos Girbau; la secretaria de Política Social y Diversidad de CCOO Madrid, Ana González; la secretaria de Igualdad de UGT Madrid, Ana Sánchez de la Coba; y el portavoz de la Asociación de la Memoria Social y Democrática (Amesde), José Cañeque.

Después de 35 años de vida del Estatuto de Autonomía, ha llegado la hora de revisar este texto para adaptarlo a los nuevos tiempos, y de hacerlo con “ineludible participación ciudadana”. “Tras 23 años en los que únicamente el dinero ha impuesto su ley, ha llegado el momento de rectificar, de salvar a la ciudadanía y de hacerlo de la única manera posible: regenerando la democracia”, sostiene la Cumbre Social, antes de aclarar: “esto último exige proteger el derecho a la vivienda y a los suministros, a una vida digna; derecho a la educación o la sanidad, a una protección social amplia y suficiente, a un empleo de calidad y a la efectiva igualdad ante la ley. Exige transparencia y participación ciudadana en todos los espacios, en todos los niveles de la Administración. La principal riqueza de Madrid es, sin duda, su gente. Y la principal labor de un gobierno debe ser garantizar sus derechos y su desarrollo. El medio para lograrlo pasa por leyes que blinden las necesidades de la mayoría, que la protejan ante el irrefrenable poder del dinero”, puede leerse en la misiva, que arranca con una dura crítica al discurso de investidura de Ángel Garrido.

Según las organizaciones de la Cumbre Social, este discurso “no respondió a más de la quinta parte de la población, que se halla en riesgo de pobreza, en una Comunidad que posee un PIB y una renta por encima de la media de la Unión Europea”. Y tampoco dio solución a las 450.000 personas desempleadas existentes hoy en nuestra comunidad, y menos aún “a más del 50% de ellas que no cobran ya prestación alguna”.

Además, dejó claro que el nuevo Gobierno regional no tiene intención alguna de corregir las políticas de los ejecutivos precedentes, responsables de ampliar en los últimos años la brecha y las desigualdades sociales en la comunidad autónoma. “No distan más de 50 kilómetros entre el municipio de Pozuelo de Alarcón, ubicado en el noroeste rico, y Ciempozuelos, localidad del sur pobre. La diferencia de renta entre ambas poblaciones se dispara hasta más del triple, por no citar el fracaso escolar, la situación de la vivienda o las posibilidades de empleo”, indican los colectivos en su carta, a modo de ejemplo.

“Pero sin duda alguna, donde los contrastes que fragmentan nuestra sociedad y generan una profunda y estructural desigualdad se observan más claros -continúan-, aparte de la brecha por género, es en la tasa de esperanza de vida. Hoy el código postal resulta más importante para la salud de las personas que el genético y ninguno de sus predecesores en el gobierno regional ha hecho nada por resolverlo. La riqueza de cada vez menos personas parece labrarse sobre el empobrecimiento organizado de un, cada vez mayor, número de sectores sociales”, denuncian.

El origen del enorme desequilibrio que atraviesa la región nada tiene que ver con la geografía o el clima. “La gestión [política], lejos de suturar las heridas que la crisis económica trajo consigo, las ha profundizado, las ha cronificado y las ha enquistado sin dar soluciones y ofrecer salidas”. “Se ha generado una emigración forzosa que ha llevado, fundamentalmente a miles de jóvenes, a hipotecar su futuro. El crecimiento de la deuda pública madrileña, hasta el equivalente a un presupuesto anual completo, no se ha producido por el incremento de las políticas sociales o las ayudas que podrían limitar la vergonzante desigualdad existente. Ese aumento del endeudamiento ha sido por la vía de la renuncia al ingreso fiscal a través de la reducción de impuestos a las mayores fortunas, así como de la organización descarada de un verdadero dumping fiscal entre autonomías”, sostienen en su misiva.

En su alocución ante la Asamblea de Madrid, Garrido aplaudió el “gran trabajo” de sus predecesores. ¿Cómo puede hablar en estos términos cuando la desigualdad se ha disparado y aquellos se han visto envueltos en gravísimos casos de corrupción?

Tal y como afirman en la misiva, “las últimas personas que le han precedido en su cargo se hallan, por una u otra razón inmersos en procesos judiciales. En estos años, en el territorio de la Comunidad de Madrid se han destapado importantes tramas de corrupción (Gürtel, Lezo, Púnica…), tramas por las que 72 cargos del PP están encausados. La corrupción ha venido de la mano de un modelo que ha despreciado la industria, depredado el territorio, desmantelado lo público, regalado nuestro patrimonio a intereses privados, provocando mayor desigualdad y cerrando las puertas a todos los espacios de gestión participativa que había en nuestra Comunidad. No se ha salvado ni el Consejo Económico y Social”, concluyen las organizaciones sociales en su carta.

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