Nacho Murgui, presidente de la FRAVM, Miguel Ángel García, representante de la Coordinadora Vecinal de San Blas y Vicente Pérez, miembro de la coordinadora y de la Junta Directiva de la Federación han comparecido esta mañana en rueda de prensa para explicar los motivos de su oposición al protocolo de intenciones suscrito el pasado 30 de julio por el Ayuntamiento de Madrid con el club Atlético de Madrid y con la empresa Mahou para el desarrollo urbanístico del ámbito “Mahou Vicente Calderón” y la cesión del Estadio de La Peineta.

Murgui ha señalado que “la oposición clara y tajante” a dicho protocolo se sustenta en la cesión, a un coste irrisorio -160 millones de euros por la reforma del estadio- de una instalación pública a una entidad privada con ánimo de lucro, el club Atlético de Madrid y en el “regalo que el Ayuntamiento hace a una empresa, la Mahou, que abandonó Madrid en 1996 trasladando a Guadalajara sus 1.000 empleados y cuyos terrenos Gallardón había prometido no recalificar siendo presidente del Gobierno regional”.

Miguel Ángel García, portavoz de la Coordinadora vecinal de San Blas ha subrayado que el proyecto del Ayuntamiento “priva a centenares de personas de un espacio público en el que venían practicando sus actividades deportivas pretendiendo que se desplacen para ello a otros distritos de Madrid”. Otra de las cuestiones que más preocupan a los vecinos y vecinas de San Blas es el agravamiento de los ya serios problemas relacionados con la movilidad y el transporte: desde la sobresaturación de la M-40 hasta el desbordamiento de la capacidad de los accesos al distrito, como la avenida de Arcentales, la carretera de Vicálvaro y la calle de Hermanos García Noblejas; sin olvidar los problemas relativos al aparcamiento de vehículos o a la limitada capacidad de la oferta pública de transportes (las líneas 5 y 7 de metro, sobre todo).

Por todo ello, la FRAVM y la Coordinadora demandan al Ayuntamiento “la apertura de negociaciones inmediatas de las partes interesadas en la operación con las asociaciones de vecinos del distrito y la realización de una campaña de información pública a la población residente de San Blas previa a la celebración de una consulta ciudadana en la que los vecinos y vecinas tengan la oportunidad democrática de pronunciarse acerca de una actuación que ignora sus derechos e intereses, tal y como recogen los artículos 23, 24 y 25 del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. “Obviamente –ha declarado Murgui- tanto la Coordinadora de San Blas como la FRAVM acatarán el resultado de la consulta. Una verdadera política de participación ciudadana implica que los responsables políticos pregunten a las vecinas y vecinos antes de desarrollar operaciones de esta envergadura”.