La Fiscalía solicita un total de 64 años de prisión mayor para los ‘ocho de Airbus’ por supuestos delitos de coacción a trabajadores y lesiones a policías, la mayor pena pedida nunca en España por hechos similares desde el fin del franquismo. No es el único proceso abierto en estos momentos contra sindicalistas: más de 300 trabajadores y trabajadoras, 17 de ellos de la Comunidad de Madrid, se encuentran actualmente encausados por “coacciones laborales” en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal. Algunos se enfrentan también a peticiones de cárcel, lo que supone, “el mayor intento de criminalización del derecho de huelga y el ataque más duro contra la libertad sindical desde que estamos en democracia”, según la Cumbre Sindical de Madrid.
Estas causas, a las que hay que añadir aquellas que hoy en día pesan sobre activistas de los movimientos sociales en virtud de normas tan contestadas como la Ley Mordaza, suponen un claro retroceso en el ejercicio de derechos y libertades fundamentales como el derecho de huelga, el de manifestación o la libertad de expresión. Y se enmarcan en políticas empleadas para “amordazar a la ciudadanía y a las organizaciones que representan sus intereses, que nos retrotraen a etapas preconstitucionales”.
Por eso, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), además de solidarizarse con los ocho trabajadores de Airbus encausados, como ha hecho en otras ocasiones, se une al movimiento sindical en su movilización en defensa del derecho de huelga y contra la represión a los trabajadores que luchan por la mejora de sus condiciones de vida. Y, coherente con esto, hace un llamamiento a la ciudadanía madrileña a que acompañe mañana a los sindicalistas de Airbus al tribunal y se manifieste “por el derecho de huelga” el próximo jueves, 11 de febrero, en el centro de Madrid. La protesta del jueves, convocada por la mayor parte de las organizaciones sindicales de la región, dará comienzo a las 18:30 y recorrerá la distancia entre la plaza de la Cibeles y la Puerta del Sol.
La cita de mañana, por su parte, arranca a las 8:30 de la Puerta Norte de la fábrica Airbus de Getafe. Desde allí los manifestantes acompañarán a los “ocho de Airbus” por las calles de la localidad hasta llegar, dos horas después, a los juzgados del municipio, donde tendrá lugar la vista oral de su juicio.
En un comunicado emitido el pasado viernes, la Cumbre Social de Madrid, espacio que agrupa a 300 colectivos sociales, sindicales y vecinales, la FRAVM entre ellos, “denuncia nuevamente que las numerosas acusaciones e imputaciones, con peticiones de cárcel, dirigidas contra el movimiento sindical, sus responsables y militantes, por el ejercicio legítimo y constitucional del derecho de huelga, responden a una forma de entender el gobierno y la política caracterizada por la restricción de los derechos y libertades básicas ciudadanas”. Libertades y derechos que “conforman nuestro modelo de convivencia y el Estado Social y Democrático de Derecho que regula la Constitución”.
“La restricción ilegítima de derechos democráticos y, de manera singular, del derecho de huelga y por tanto, la criminalización de la respuesta ciudadana supone un retroceso democrático”, indica la Cumbre Social, antes de continuar: “Se pretende deslegitimar las respuestas laborales a las reformas injustas impuestas por el poder político, y condicionar en el futuro el desarrollo de estas huelgas. Las limitaciones de los derechos sindicales fundamentales, además de provocar un grave desequilibrio en las relaciones laborales frustran los avances en las condiciones de trabajo y en el bienestar de la sociedad. Está en juego un “instrumento de presión” que la experiencia ha mostrado ser fundamental para la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos”.
“La Cumbre Social de Madrid considera inaceptable el ataque continuado a nuestros derechos constitucionales, y de manera singular, a la libertad sindical (…) por lo que “insta al Gobierno de España a la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que criminaliza el Derecho de Huelga y manifiesta su apoyo a la convocatoria de manifestación promovida por la Cumbre Sindical de Madrid que se celebrará el próximo 11 de febrero como muestra de unidad sindical y ciudadana contra esta intolerable vulneración de derechos y libertades”, concluye el comunicado.
