Según los datos aportados por la iniciativa RMI Tú Derecho, en abril se pagarán 1.100 rentas mínimas menos que en marzo, unas 2.000 menos que en diciembre de 2017 y unas 3.000 menos que en enero de 2017. En los cuatro primeros meses de 2018 la Comunidad de Madrid abonará 6.400 prestaciones menos, tras destinar a este fin 2 millones de euros menos que en el mismo periodo de 2017. Son “las cifras del dolor social”.
Los grupos de la campaña recuerdan que en diciembre denunciaron este proceso de reducción progresiva de prestaciones y pidieron explicaciones por el gran aumento de las resoluciones de denegación o archivo de solicitudes y de las suspensiones cautelares (“preventivas”), así como del porcentaje de éstas que derivan en extinciones. “No las dieron. No han rectificado. Han acelerado”, subrayan. De esta forma, en el último cuatrimestre “sólo una de cada cuatro resoluciones iniciales fue de concesión de la RMI, cuando en 2017 lo fue una de cada tres y en 2016 una de cada dos”. El aumento de suspensiones en 2018, que en en abril ha marcado un pico de 1.700 frente a la media mensual de 600 denegaciones de 2017, “es un claro indicador de que las suspensiones cautelares siguen desbocadas”.
¿A qué se debe esta reducción? Desde luego no se debe a que “Madrid vaya bien o por irregularidades de las familias”, sostiene la plataforma de la campaña. “La población que no tiene cubiertas sus necesidades básicas es mucho mayor que el número de personas beneficiarias de la RMI”, insiste en su nota de prensa, antes de continuar: “la proporción de denegaciones por posesión de ingresos o patrimonio suficientes ha bajado mucho entre 2015 y 2017, no ha subido. Y la proporción de denegaciones o de suspensiones relacionadas con una baja disposición a aceptar o conservar un empleo es insignificante”. Por ende, el propio Gobierno autonómico ha reconocido en la Asamblea de Madrid que el fraude en la RMI no es significativo.
“Ante la reincidencia en una política que hace sufrir a la población más perjudicada por la desigualdad, la precariedad y el empobrecimiento social, y que perjudica a la convivencia social en su conjunto, afirmamos que la presidenta Cifuentes y su gobierno están desmantelando el sistema de renta mínima. Están dejando sin techo y comida a muchas familias, en beneficio de las élites privilegiadas. Y lo saben”, critica la red ciudadana. “Nuestra mano sigue tendida al diálogo -continúa-. Pero nuestra mesura no debe ser un silencio cómplice con las políticas extremistas y crueles que desprecian y hacen daño a la gente. Se ha ido demasiado lejos, ocasionando demasiado dolor y desesperación. Dimita, Cifuentes, dimita, y haga un master en justicia y sensibilidad social”.
Ante este deterioro de las prestaciones a las familias más vulnerables, la plataforma tiene previsto relanzar su campaña y emprender nuevas acciones de denuncia, ampliando su base social a otros colectivos y entidades. “No vamos a parar, gobierne quien gobierne, hasta que la RMI se gestione al servicio de la gente y cumpliendo los objetivos que la ley marca, lo que exige otra voluntad, otra manera de gestionar dentro de la normativa actual y que se introduzcan pronto reformas en el reglamento y la propia ley que regulan la RMI. Ahora bien, como demuestra la experiencia de las y los pensionistas, las razones sociales son despreciadas hasta que son respaldadas por la potencia de la unión, del apoyo mutuo, de la organización colectiva, de la movilización. Ese es el paso a dar ahora” puede leerse en su comunicado.
“Dentro de nuestras muchas limitaciones nos comprometemos a explicar, a compartir nuestra experiencia, y a aprender de otras experiencias, con las vecinas y vecinos de nuestros barrios y municipios, con las asociaciones y colectivos, así como con los medios de comunicación o cualquier tipo de foro. Nos comprometemos a actualizar y presentar en breve una actualización de las reformas que consideramos necesarias en la gestión de la RMI en su actual marco normativo y para la mejora de su reglamento y de la ley. Nos esforzaremos en abrir un espacio de encuentro con quienes quieran participar en él, así como en promover la convergencia y coordinación entre quienes defendemos el derecho de toda persona a disponer de los recursos básicos de la vida. Se precisa una respuesta efectiva y urgente que no puede demorarse”, concluyen las organizaciones sociales en su nota.
Imagen: Dani Gago / El Salto
