Ana Domínguez es la presidenta de una comunidad de vecinos de Malasaña (Madrid Centro) que desde 2017, a diario (salvo dos meses de confinamiento domiciliario por la Covid-19 en 2020), sufre las molestias de dos Viviendas de Uso Turístico (VUT). “Los pisos turísticos que tenemos se alquilan por un máximo de tres días, y están siempre ocupados. Todos los días convivimos con el ir y venir de personas desconocidas, con el ruido de maletas, de muebles, con timbrazos a cualquier hora del día y de la noche, con fiestas y música, con intentos de abrir la puerta de tu casa porque los turistas se equivocan del puerta, no podemos más, están obligándonos a marcharnos de nuestras casas, de nuestro barrio, porque así no se puede vivir”, ha denunciado esta mañana en una comparecencia que ha tenido lugar en el Espacio Vecinal Paco Caño, sede de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). En una rueda de prensa en la que también han intervenido Víctor Rey, presidente de la Asociación Vecinal de Sol y Barrio de Las Letras, y Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la federación, esta vecina ha subrayado que a pesar de haber presentado incontables denuncias y que los pisos turísticos de su bloque tienen una orden de cese de actividad y cierre, la Administración no la hace cumplir.
Este problema lo padecen varias decenas de miles de vecinos y vecinas en la capital. Por ello, los representantes de la FRAVM y de la asociación vecinal han reclamado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que, como es su deber, velen por el cumplimiento de la ley, en primer lugar con las VUT que generan más molestias en el vecindario, que son muchas. También han recordado que las normas que las regulan en Madrid obligan a estos negocios a disponer, entre otras cosas, de una salida independiente a la calle.
Según datos de las asociaciones vecinales procedentes de la plataforma Inside Airbnb y otras fuentes que contabilizan alojamientos que no oferta AirBnB, la capital acumula actualmente 25.648 VUT, de las cuales 10.507, un 40,9% se encuentra en el distrito Centro. Esto significa que estamos volviendo a los niveles anteriores a la pandemia, con una clara expansión de estos negocios a otros distritos como Arganzuela, Retiro, Chamberí, Salamanca, Tetuán o Carabanchel.
A pesar del incremento de VUT experimentado en los últimos tres años, el número de inspectores no solo no ha aumentado en una lógica proporción sino que se ha reducido. Así, tal y como ha resaltado Víctor Rey, el personal asignado por la Agencia de Actividades del Ayuntamiento (ADA) para el control de los pisos turísticos ha pasado de 31 personas en 2019 a 11 personas este año, es decir, se ha reducido en dos terceras partes. “Con estos mimbres es imposible hacer cumplir la ley”, se ha quejado el representante vecinal, que recuerda que “no estamos pidiendo otra cosa que el cumplimiento de la normativa”.
Desde finales de 2019, su asociación ha presentado ante la Dirección de Turismo de la Comunidad de Madrid 1.356 denuncias contra pisos turísticos ilegales. Pues bien, la Administración regional solo ha respondido a 116 de esas quejas, pero no ha ordenado el cierre de una sola Vivienda de Uso Turístico. De las otras 1.240 denuncias nada sabemos a día de hoy. Es muy común que las denuncias decaigan debido a las demoras en su tramitación.
Las propias administraciones reconocen que el 98% de las VUT operan sin licencia, es decir, actúan de manera ilegal, pero luego el Gobierno regional y local apenas hacen nada por restaurar la legalidad. Y mientras, Centro, que cada año pierde población residente, se parece cada vez más a un parque temático para turistas. Recordemos que los pisos turísticos, además de causar molestias directas en la vecindad, están provocando en zonas saturadas como ese distrito un incremento de los precios de la vivienda, ya de por sí altísimos, lo que está expulsando a cientos de familias de sus barrios.
Ayer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, habló de la dificultad de controlar las Viviendas de Uso Turístico, indicando que “el problema viene del Gobierno de España”. “Ya está bien de mirar para otro lado o de echar la culpa al empedrado. El Ayuntamiento tiene dos normas, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) de 1997 y el Plan Especial de Hospedaje (en la línea del primero) que regulan esta actividad, y solo tiene que aplicarlas”, ha indicado Vicente Pérez Quintana esta mañana. El representante vecinal también ha afeado al regidor que ayer echara la culpa a otros partidos sobre la falta de aprobación de la Modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General cuando el proyecto de esta modificación que se llevó a la Comisión de Urbanismo para su aprobación no incluye ninguna referencia a la regulación de las Viviendas de Uso Turístico.
