Tal y como señalaron al término de la reunión Carmen Esbrí, portavoz de la MESDAP, y Paloma Casañez, portavoz de la Plataforma de Centros de Salud, Gabilondo se mostró muy receptivo con petición de intervención, que busca garantizar el acceso a una “sanidad plenamente universal, en todo el territorio y a toda persona, independientemente de sus circunstancias o situación administrativa”.
Las representantes sociales trasladaron al Defensor un documento que ilustra con datos y ejemplos el problema. Cada vez son más numerosas las personas que se quedan sin médico de referencia debido a jubilaciones, cambios o traslados que no se cubren, “como resultado de la desastrosa política de recursos humanos llevada a cabo por los diferentes gobiernos del Partido Popular”. “Unos 119.878 ciudadanos y ciudadanas no tienen un médico/a propio al que dirigirse, porque ningún profesional ha querido cubrir ese puesto”, aseguran los colectivos en defensa de la sanidad pública en su petición al Defensor. “No solo carecen de médico responsable, han perdido además el disfrute de varios de sus derechos como son: el no poder utilizar los medios telemáticos para la cita, dado que la agenda de su médico/a está cerrada, puesto que no existe, teniendo limitada la accesibilidad a la cita solo por teléfono o acudiendo al CS, ni hablar de las aplicaciones de correo @ o la tan publicitada teleconsulta”, sostienen, antes de continuar: “tampoco se pueden realizar cambios sobre sus datos personales y, lo más grave, al tener “rota“ la continuidad asistencial, ningún facultativo realiza el seguimiento de pruebas diagnósticas, lee los informes externos que llegan desde los Sistemas de Urgencia de los Hospitales ni está al tanto de los resultados de los programas de prevención (DEPRECAM, PREVECOLON); y el paciente solo se entera de esa situación cuando necesita atención, que será dispensada por cualquier médico/a que se hará cargo de su seguimiento según su buena voluntad”.
Si ponemos el foco en la atención infantil, según la AEPAP (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) “212.258 niños y niñas, en la Comunidad de Madrid, no tienen pediatra ni médico de familia que realice funciones de pediatría, siendo el % de plazas sin cubrir del 20% del total. Las ausencias se ceban en los turnos de tarde, y en los CS que están más alejados del centro de los núcleos urbanos, con cupos muy amplios que cubrir, lo que hace que los escasos profesionales prefieran plazas más cómodas o trabajar en el Hospital”, subraya la mesa y la plataforma en su escrito.
Respecto a las personas que han perdido su derecho a la asistencia sanitaria por problemas de regularización, “desde el mes de octubre de 2021, la Consejería de Sanidad de la CM ha dejado sin asistencia a unas 27.000 personas, “depuración” que se ha realizado sin comunicación previa, sin solicitar documentación complementaria, sin ofrecer un plazo de reacreditación del derecho, enterándose los afectados en el momento de solicitar cita para recibir atención y organizando un dispositivo “imposible” y segregador que dificulta enormemente la actualización del reconocimiento a la asistencia”, denuncian los dos colectivos impulsores de la petición. 
La Consejería de Sanidad ha creado las llamadas UTE (Unidades de Tramitación de Extranjeros), una por cada dirección asistencial, para que asuman toda la gestión de la asistencia sanitaria a las personas extranjeras sin permiso de residencia actualizado, y ha retirado competencias a las Unidades Administrativas de Atención Primaria, puerta de entrada de nuestro nivel central asistencial. El nuevo modelo impide “que los centros de salud conozcan las posibles situaciones de riesgo de estas personas y puedan empezar a ofrecer la información necesaria para el uso de los recursos sanitarios y disminuye la accesibilidad, por las largas demoras existentes para las citas y la distancia a la que están de algunas localidades”.
“Como ejemplo diremos que, a fecha de final de marzo de 2022, la primera cita para la UTE de la Dirección Asistencial Centro, que esta situada en Villaverde Alto, es en octubre, no habiendo seguridad de que se permita la cita en otra UTE que no sea aquella a la que corresponde el CS del domicilio del solicitante. Por otra parte, los habitantes de varios pueblos de la sierra como Guadarrama o Cercedilla tienen que desplazarse 100 km hasta la UTE que les corresponde en el CS de Paseo Imperial, en el Distrito de Arganzuela”, afirman la mesa y la plataforma en su documento.
“Además, -continúan- se les exige un empadronamiento de 3 meses, condición que no figura en el Real Decreto de 2018, pero que sí exige la Comunidad de Madrid, que además está aplicando los mismos requisitos a los solicitantes de asilo, a los menores y a las mujeres embarazadas que, según el mismo Real Decreto, tienen derecho a asistencia desde su llegada”.
“Durante el tiempo que dure la situación entre “la baja en el sistema” realizada por la Consejería y la gestión en la UTE correspondiente, meses como estamos denunciando, las personas no pueden solicitar cita, salvo en presencia en los CS y como atención urgente, rompiéndose la continuidad asistencial tanto en AP como en Hospitalaria, quedando suspendidos todos los procedimientos y los tratamientos, lo que pone en riesgo la salud individual y la pública, la de toda la comunidad. Para que se pueda tener acceso a su historial hay que darles de alta como transeúntes, cosa que no son, y se les amenaza con facturar el servicio prestado, lo que disuade a la persona de solicitar atención aunque la necesite”, denuncian las organizaciones sociales, antes de pedir al Defensor que actúe sin demora para instar a la administración a poner fin a esta injusta situación.
En el siguiente enlace puedes descargarte la petición completa realizada al Defensor del Pueblo.
