Ha pasado casi un año desde que cambiara la composición de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Los rostros son otros, y otro es el talante, que se ha tornado más abierto y dialogante con la comunidad educativa. Sin embargo, el fondo de sus políticas sigue siendo el mismo que el del gabinete dirigido por la denostada Lucía Figar. El descontento y los problemas se reproducen en estos momentos en los distritos de la capital y en buena parte de los municipios de la región, donde encontramos, muchas veces, AMPAs, profesores y alumnos en pie de guerra contra el deterioro de la calidad de la enseñanza en sus centros públicos o en sus barrios. Es el caso de Paracuellos del Jarama, Leganés, Parla, Rivas, Fresnedillas de la Oliva o de los barrios citados. Faltan profesores, centros, aulas y mantenimiento para atender la demanda existente.
El deterioro es tan palpable que la Plataforma Regional por la Escuela Pública, conformada por la FAPA Giner de los Ríos, los sindicatos CCOO, UGT, STEM y el Sindicato de Estudiantes, los Movimientos de Renovación Pedagógica y la FRAVM, con la Marea Verde, han decidido dar un nuevo impulso a la movilización unitaria en defensa de la educación pública con la concentración de hoy.
El acto se cerró con la lectura de un manifiesto que recoge cinco demandas básicas. La primera se identifica con la necesidad de ampliar la red pública educativa con objeto de garantizar en la región y en condiciones de equidad y calidad, el derecho a la educación que recoge el artículo 27 de la Constitución Española. Y es que, la política actual de la Consejería, “en línea con la desarrollada en los pasados años, sigue primando la escuela privada concertada y atacando la escuela pública”, sostiene la plataforma regional en su manifiesto. “Una deliberada planificación orientada a ello nos mantiene en una negativa a la apertura de nuevos centros educativos públicos mientras que se regalan terrenos a quienes quieran lucrarse con la educación y adoctrinar al alumnado”, subraya, antes de reclamar que se ponga fin a esta tendencia. Ampliar la red pública pasa por atender con urgencia la necesidad de nuevos centros en los nuevos desarrollos urbanísticos de la capital o en otros lugares ya consolidados como San Fermín (Usera), Arganzuela, Barajas, Rivas o Paracuellos del Jarama.
En la misma línea, la plataforma rechaza el cierre de grupos y centros escolares así como su fusión. “Decisiones deliberadas impiden mantener los grupos en la escuela pública, en algunos casos por supuesta falta de demanda de plazas mientras que en la privada concertada se siguen financiando con ratios más bajas que en la pública. En otros casos, directamente se cierran grupos, o no se abren los necesarios, en centros públicos a pesar de tener sobrada demanda y estar los grupos restantes por encima del ratio legal permitido. Se siguen también eliminado enseñanzas completas en centros con la excusa de reconvertirlos, suprimiendo ofertas muy necesarias en distritos y localidades de la ESO y de FP”. Este es el caso del grado de Automoción que se imparte en el IES Carlos María Rodríguez Valcárcel de Moratalaz y que la Comunidad tiene previsto eliminar para el curso que viene, aunque los alumnos y la asociación vecinal Avance teme que se produzca el cierre completo del centro.
La bajada de las ratios de alumnos y el aumento del profesorado es la tercera reivindicación del manifiesto: “mientras que mejoran años tras año las ratios en la escuela privada concertada, aumentándoles las líneas y los recursos humanos que las atienden, la Consejería de Educación se esfuerza en hacernos creer que las ratios en la escuela pública deben estar siempre en los máximos legales permitidos, y en muchos casos por encima de los mismos, intentando cerrar todas las unidades que no están completas”.
Por otro lado, la plataforma regional recordó esta tarde su oposición tanto a la LOMCE como a las evaluaciones “injustas” de 3º y 6º de primaria que se dan en nuestra Comunidad Autónoma. “Las llaman evaluaciones de diagnóstico, pero lejos de contribuir a volcar recursos en aquellos centros donde existen problemas, han sido la coartada para establecer rankings y facilitar una cartera de clientes a las empresas privadas. Debe ponerse fin inmediato a esta forma de proceder”, indicó.
Por último, el manifiesto aboga “por el control público de la escolarización”, reclamando la vuelta a las comisiones de escolarización de los representantes de la comunidad educativa.
